Friday, March 29

Bruselas castiga a Polonia con la retención de los fondos europeos


Corresponsal en Bruselas
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La Comisión Europea está decidida a imponer su disciplina al Gobierno nacionalista polaco y ha optado por la contundencia al usar por primera vez en la historia el mecanismo que le permite descontar de los fondos que el país debe recibir el importe de las sanciones que se niega a pagar. La medida ha causado cierta sorpresa porque la semana pasada el Gobierno de Varsovia había llegado a un acuerdo con su vecino checo para que este retirase la demanda
que estaba en el origen de la disputa y de la sanción correspondiente. Ursula von der Leyen ha preferido dejar claro que los países no pueden saltarse las reglas en ningún caso.

El caso se refiere a una denuncia que interpuso el Gobierno checo contra una mina de carbón que explota una compañía pública polaca en la localidad fronteriza de Turow y que acabó en una disputa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, con una condena que ordenaba a Polonia detener la actividad de la explotación.

El Gobierno polaco se negó a cumplirla y por tanto la Comisión le advirtió de que ello implicaba una multa diaria de 500.000 euros. En total, Polonia acumuló casi 70 millones en multas hasta la semana pasada cuando anunció que había llegado a un acuerdo con el Gobierno checo que tuvo como consecuencia que Praga retiró su caso contra Varsovia. En otras circunstancias, la cuestión se habría disuelto también, pero el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, prefirió imponer una actitud desafiante y se jactó en redes sociales de que «ningún juez de Luxemburgo ni ningún funcionario de Bruselas puede dictarnos cómo gobernar en nuestro propio país».

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De este modo,
Varsovia no ha dejado otra alternativa a la Comisión que reaccionar recordando que esas multas existieron y descontando el dinero de las multas «cumple con su obligación legal de cobrar las sanciones financieras impuestas por el tribunal». Legalmente ya no se trata de la sentencia sobre la mina, que después de que la República Checa haya retirado su demanda ha desaparecido, sino de las multas que se le impusieron por incumplirla. Las multas diarias de 500.000 euros fueron impuestas en septiembre del año pasado. El primer tramo del dinero que se va a cobrar la Comisión en los próximos diez días asciende a unos 15 millones de euros y abarca desde el 20 de septiembre, cuando comenzaron a contar los días correspondientes a las multas, hasta el 19 de octubre.

Esta es la primera vez que la Comisión da el paso y retiene fondos de un Estado miembro por no cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia. Polonia, que también tiene que pagar 45 millones de euros a la República Checa por los problemas medioambientales causados por la mina a los habitantes de la zona, ya ha dicho que no está de acuerdo con la decisión de Bruselas y ha adelantado que «utilizará todos los medios legales a su alcance» para oponerse, lo que significa que solamente puede hacerlo acudiendo al Tribunal de Luxemburgo, cuya sentencia quiso ignorar.

Más frentes

Este no es el único frente abierto entre Polonia y las instituciones europeas, ya que la Comisión también tiene bloqueado el plan de recuperación polaco a causa de su negativa a desmantelar un tribunal disciplinario que amenaza la independencia de los jueces. Morawiecki había dicho que aceptaba las exigencias europeas sobre el Poder Judicial, pero en los hechos esta institución declarada ilegal por el Tribunal de Luxemburgo sigue estando en funciones.

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Tal vez el Gobierno nacional populista polaco esperaba que a causa de la sucesión de situaciones críticas que están viviendo en su frontera, primero la crisis de refugiados con Bielorrusia y después las tensiones entre Polonia y Rusia, le permitirían distraer la atención en sus pulsos legales con Bruselas. No ha sido así. La UE ha apoyado a Varsovia en lo que ha necesitado (a pesar de su negativa a solicitar la intervención de la agencia Frontex) y también en el caso ucraniano, pero no se ha olvidado del caso.

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