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El PP de Madrid es desde hace casi 20 años
un campo de batallas internas. Ese fuego amigo tan o más temido por quienes lo sufren. En noviembre de 2004, solo un año después de llegar a Sol Esperanza Aguirre, se impulsó un congreso regional para renovar el partido en Madrid. Ella y Alberto Ruiz-Gallardón, entonces en el ayuntamiento de la capital, no podían ni verse. Hasta el punto de que el exregidor hizo de muñidor para que su hombre de máxima confianza, Manuel Cobo, se presentara como candidato a liderar el PP regional. Al final, el vicealcalde desistió de postularse a la carrera interna y Aguirre fue la presidenta plenipotenciaria hasta la llegada de Cristina Cifuentes, en 2015, al Gobierno autonómico.
El número 2 en el partido, por decisión de la ‘lideresa’, fue Francisco Granados, y ya se sabe cómo terminó aquello: imputado por supuestas corruptelas en ayuntamientos controlados por el PP y en prisión provisional. Sin embargo, una entrevista a Manuel Cobo en ‘El País’ haría saltar los hilvanes de una herida que nunca se llegó a cicatrizar: habló de que en Sol había «una gestapillo», conformada por guardias civiles afines a Granados, en la que se espió a Cobo y a otros rivales de Granados y González, como el entonces consejero de Justicia e Interior y vicepresidente, Alfredo Prada. Los trapos se lavaron, no con mucha certidumbre, en una comisión parlamentaria. El caso llegó también a los tribunales, sin que quedara probada esa ‘policía paralela’ al servicio de los hombres de Aguirre y contra Gallardón y su entorno.
Cristina Cifuentes llegó a la Comunidad con el resultado más pobre hasta entonces en unas elecciones madrileñas para el PP. Mayo de 2015, ella, cabeza de cartel para Sol, y Aguirre, su otrora mentora, en el puesto de salida del ayuntamiento. La primera consiguió su objetivo y muy pronto comenzó el desmontaje de las políticas de su predecesor, Ignacio González: desde reinstaurar los comedores para niños en situación de vulnerabilidad en las vacaciones a desmantelar el modelo anterior de Telemadrid para despolitizarlo, e impulsar políticas de corte socialdemócrata como las leyes LGTBI.
Una enmienda casi a la totalidad a los puntales políticos de un partido, el PP, que vio cómo iba ganando simpatías fuera de su propio electorado una mujer con muchísimo carisma como Cifuentes, quien además se definía como muy dialogante, liberal, centrista, republicana, a favor del aborto y de la causa de los derechos por la diversidad sexual. Tiró de sus buenas relaciones con los jefes policiales de cuando fue delegada del Gobierno para enterarse de que había pufos, y muy gordos, en su predecesor: en el nuevo proyecto de González de la Ciudad de la Justicia y en el Canal de Isabel II, la joya de la corona de las empresas de la Comunidad. Cifuentes lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y la Fiscalía, y
arrancó la operación Lezo, que acabó con Ignacio González entre rejas y borrado de la política.
Por eso, Cifuentes sabe que detrás de la filtración de un máster que nunca hizo y sí aprobó estarían González o Granados. El caso la vapuleó, pero acabó siendo absuelta en los tribunales como instigadora de la irregularidad en la concesión del título por parte de la Universidad Rey Juan Carlos. Pero tampoco se pudo probar que ella realizara el trabajo de fin de máster.
En medio de todo aquel quilombo, la madrileña se aferraba al cargo. Pero un empresario constructor perjudicado por la política de levantar alfombras de la presidenta y muy allegado a Ignacio González (otros hablan de que estaba también
detrás el comisario Villajero) filtró el famoso vídeo de 2011, en el que la entonces vicepresidenta de la Asamblea era sorprendida hurtando unas cremas en un centro comercial. Aquel bochornoso episodio la llevó a dimitir esa mañana de abril de 2018. Y siendo sustituida por un Ángel Garrido que un año después dio la espantada y se fue a Cs, al saber que no sería candidato. Pero lo ocurrido ahora con Ayuso ha dinamitado todos los puentes de Génova y Sol.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism