Wednesday, April 10

Cataluña sale del foco como elemento central del debate político


Madrid | Barcelona
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Los resultados de la
última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña habrían ocupado las primeras páginas de los diarios hace apenas unos años. Pero hace solo unas semanas, el último sondeo pasó casi inadvertido en la esfera nacional. Dirigentes del PSOE, en base a la anterior encuesta, al menos, intentaron trasladar la idea fuerza de que el 52% de los catalanes no quieren que la comunidad sea un Estado independiente, frente al 41% que sí lo desea. Once puntos de diferencia, que en enero de 2021 era de tan solo cuatro puntos. Es uno de los apoyos más bajos a favor de la independencia desde 2014. Y, para La Moncloa, estos datos vienen a avalar el mensaje marcado como eje central de la argumentación de Pedro Sánchez a la hora de tratar la carpeta de Cataluña: estamos mejor que hace cuatro años.

Superado el choque frontal, el Gobierno quiere exprimir la idea de que esa nueva etapa tiene mucho que ver con su actuación política. Incluso, con sus decisiones más controvertidas, como los indultos a los condenados por el golpe de 2017. Al ‘perdón’ del Gobierno ha seguido, esta semana, la decisión de la
Fiscalía del Tribunal de Cuentas de rebajar de manera sustancial la cantidad que reclamará a los líderes del 1-O. La voluntad de Sánchez siempre ha sido esa: bajar la intensidad y trasladar la idea de que las cosas han mejorado. Porque, en realidad, acuerdos concretos en el campo de la distribución territorial, que pudieran dar lugar a un referéndum y la secesión, siempre se han considerado imposibles.

El carácter absolutamente excepcional de esta legislatura, primero con una pandemia y ahora con una guerra a las puertas de la Unión Europea, han cambiado el discurso político no solo en el Ejecutivo, también en la Generalitat con el cambio de presidente autonómico. Y en cierta forma ha ayudado a Sánchez en su propósito: no hablar de Cataluña. Es decir, dormir el partido, según la jerga futbolística. Pero también por el cambio en la relación de fuerzas en la facción independentista que sigue controlando el Ejecutivo autonómico.
ERC superó a Junts en las elecciones y el ‘procés’ o lo que quede de él entró en una nueva fase. Una situación que, pese al sosiego, preocupa a los referentes que se opusieron firmemente a la secesión en Cataluña y que se evidenció con la victoria en las urnas de Ciudadanos (Cs), en 2017, y que ha tenido su eco en 2021 con el triunfo del PSC. Si bien ambas fueron dulces victorias, también fueron estériles para desalojar al nacionalismo de la Generalitat. Pero el PSC no es Cs a la hora de pactar con Junts y ERC.

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«La normalidad se impone»

«La normalidad se va imponiendo en Cataluña, tanto la institucional como la social», destacan desde el departamento de Política Territorial que dirige la también portavoz Isabel Rodríguez. En el Gobierno recuerdan que la Generalitat está participando en los foros multilaterales: Comisión de Seguimiento de los Fondos Europeos, Consejo de Política Fiscal y Financiera, o por ejemplo el último hito de la presencia de Pere Aragonès en la
Conferencia de Presidentes de La Palma. El mandatario independentista la justificó porque allí se abordarían cuestiones relativas a la respuesta económica a la guerra en Ucrania. Y aunque llegó acompañado de un desplante al Rey durante el besamanos, el Gobierno le otorga una gran importancia: «Es la culminación de la vuelta a la normalidad de las relaciones entre la Generalitat, el Gobierno y el resto de administraciones autonómicas». Está por ver si Aragonès repite en la próxima cita.

Desde el Ministerio de Política Territorial destacan especialmente la recuperación de las Comisiones Bilaterales, porque «tiene que ver con el desarrollo pleno del Estatuto». Además, añaden, «compartir espacios comunes ya es un signo de normalización». El diagnóstico es generalizado en el Gobierno: «Cataluña y el ‘procés’ ya no abren portadas. Vamos avanzando en la resolución de la crisis». En el Ejecutivo destacan que en lo que llevamos de legislatura solo han tenido lugar nueve impugnaciones. Suben a once si se cuenta la legislatura fallida entre mayo y diciembre de 2019. En detalle, cinco recursos de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Generalitat y un conflicto de competencias. Por su parte, han tenido lugar tres recursos de inconstitucionalidad y dos conflictos de competencias de la Generalitat. En comparación, en las dos legislaturas de enero de 2016 a mayo de 2019 se produjeron 50 impugnaciones.

En el Gobierno destacan además que «se está cumpliendo la Agenda del Reencuentro». Aunque sin mucho ruido. Pero es relevante porque fue el primer documento que Sánchez entregó a Quim Torra como propuesta para la mesa de diálogo. Curiosamente, este avance se produce sin que la mesa dé pasos en esta dirección. El diagnóstico que hace Moncloa viene a consolidar la idea que siempre han tenido: la mesa de diálogo es una concesión a ERC en el marco de las negociaciones de investidura. Pero no es un foro necesario, ni está regulado ni tiene carácter oficial e institucional para resolver muchas cuestiones pendientes, que tienen otros cauces previstos en el esquema institucional. La mesa de diálogo existe, por tanto, como un significante. Para el PSOE ejemplifica su voluntad de diálogo. Algo que unido a los indultos creen que es lo que está consolidando el fin de la etapa unilateral del ‘procés’ y el cambio social hacia un menor apoyo a la independencia.

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Marcaje de Junts

Sin embargo, la mesa de diálogo entre los dos Gobiernos sí supone un problema en Barcelona. Para ERC es un elemento que le permite visibilizar que ha forzado al Gobierno a una negociación. Pero el resultado no pasa, por ahora, al menos, de varias fotos y buenas palabras. Aragonès gana tiempo. Porque Junts, la otra mitad del Ejecutivo autonómico, no solo no ve con buenos ojos la mesa sino que no participa en ella. Y tampoco tiene margen para evitar que Aragonès tome la iniciativa. Las encuestas -el CEO antes citado- dan un toque a Junts, que estaría empezando a sufrir el desgaste de estar en el Govern pero sin presidirlo. A lo que se suma el desgobierno interno y la falta de liderazgo, más allá de Carles Puigdemont,
que en Bélgica está más pendiente de su situación personal que de conducir el día a día de Junts. Jordi Sànchez anunció que no se presentará a la reelección como secretario general del partido y Laura Borràs y Jordi Turull ya se preparan para que Waterloo designe al sucesor.

Sin calendario

Así, no hay razón para que la mesa de diálogo dé un rédito político al Gobierno y la Generalitat a corto plazo. La expectativa de que de la misma pueda salir un acuerdo es nula. Esta herramienta cosmética se reunió en septiembre en Barcelona por primera vez tras lo peor de la pandemia. En esa cita Sánchez y Aragonès pactaron que no habría periodicidad en las reuniones. Ganar tiempo. De ese foro, el PSOE sabe que no puede salir ningún acuerdo y en ERC lo exhiben como un trofeo obtenido por haber sentado al Gobierno de España, de tú a tú, con la Generalitat para hablar de la independencia. Primero la sexta ola de la pandemia en torno a las Navidades, ahora Ucrania y la crisis económica. En La Moncloa creen que ahora tampoco es el momento de reuniones para nada. No es la prioridad y se considera esa foto contraproducente. Aunque insisten en que es su compromiso y habrá un nuevo encuentro. «Cumplimos con nuestros compromisos y avanzar con Cataluña es importante», trasladan desde La Moncloa.

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Aunque su filosofía es que los avances se producen sin que la mesa de diálogo sea necesaria, todo va dirigiéndose ya a un formato de una o dos reuniones al año. Algo más de cortesía y buenas formas que de contenido. Una especie de referencia bilateral de contenido simbólico. Muy lejos de la periodicidad mensual, desde luego, que Torra le arrancó a Sánchez en la primera reunión, en febrero de 2019. Nadie sabe qué habría pasado en una legislatura sin pandemia, en la que el ‘procés’, Cataluña y la mesa de diálogo hubieran tenido, probablemente, mucha más presencia mediática a escala nacional. Pero sí hay una doble certeza: la mayoría que da sustento al Gobierno habría tenido más dificultades para mantenerse compacta y el independentismo estaría más cohesionado que ahora.

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