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El programa de televisión ‘Con el Mazo Dando’ conducido por Diosdado Cabello y los portales digitales ‘Misión Verdad’ y ‘Lechuginos’ son los medios de comunicación donde se repite con mayor frecuencia los mensajes de odio contra venezolanos antes de que se produzcan sus detenciones. Estos medios afines al régimen de Nicolás Maduro sirven como herramientas de estigmatización para detener arbitrariamente a personas por razones políticas, lo que visibiliza una política continuada de represión y persecución del Gobierno de Venezuela. Esta es una de las conclusiones que se refleja en el informe ‘Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela’, publicado este jueves por Amnistía Internacional junto a las organizaciones venezolanas Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) y el Foro Penal.
Cientos de venezolanos han sido detenidos arbitrariamente después de ser señalados por medios de comunicación afines al Gobierno de Nicolás Maduro bajo el completo amparo estatal. Tras analizar un patrón de conducta de datos con más de 300 eventos de estigmatización entre enero de 2019 a junio de 2021, Amnistía Internacional concluye que la difusión de los mensajes estigmatizantes o de odio promovidas por las autoridades venezolanas «constituyen actos de persecución» y sirven «al propósito de la política de represión» del régimen.
En concreto, el estudio revela que en 2019 la correlación general entre los ataques estigmatizantes y las detenciones por motivos políticos era del 29%. Pero la persecución se ha recrudecido tanto que en 2020 creció un 42% y para el primer semestre del 2021 alcanzó el 77%.
Las detenciones fueron llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Sin embargo, en el último año, hubo un incremento de los arrestos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional desplanzado a la GNB y ubicándose en el primer lugar. En tres años han registrado 1181 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de ellas 785 han sido por estigmatizacion, según el estudio.
Investigación internacional
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, remarcó que esta «coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución», por lo que pidió que sea investigado por la Justicia Internacional.
El Tribunal Penal Internacional abrió ya el pasado mes de noviembre una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en el primer país en Latinoamérica en ser examinado. «Por años hemos documentado y denunciado la política de represión del gobierno de silenciar la crítica y la disidencia, por lo que esperamos que este informe pueda ser incluido en las investigaciones con miras a determinar actores claves en la comisión de estos delitos», apuntó Guevara.
En 2020,
la Misión de la ONU vinculó a Maduro y a altos cargos del Gobierno con estos crímenes tras analizar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra venezolanos desde el año 2014.
Mariana Romero, directora general de CDJ, asegura que la estigmatización es ahora «una política de Estado y deriva en el crimen de persecución». Entre los casos que menciona en modo de ejemplo se encuentran los ataques al Observatorio venezolano de conflictividad social, cuyo director Marco Antonio Ponce ha sido víctima de mensajes de odio desde el año 2011 y, recientemente, la ONG Fundaredes, que afrontó una fuerte campaña de estigmatización que derivó en la detención de tres de sus miembros que permanecen hoy privados de libertad.
El Foro Penal también ha participado en la investigación y en palabras de su director, Gonzalo Himiob: «Este informe demuestra que no son hechos desvinculados y responde a una politica materialmente vigiente» y explica que la importancia es que se va a poder investigar «a los actores políticos implicados que van más allá de los ejecutores inmediatos». «Podemos llegar a los que están por encima de los cuerpos de seguridad. No se trata solo de llegar al primer eslabón de la cadena sino hasta los que promueven la ejecucion de estos actos en los diferentes niveles de poder en Venezuela», afirma.
Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que continúe el apoyo a los organismos internacionales que estudian la violación a los Derechos Humanos en Venezuela desde 2014.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism