DACA ha ayudado a miles. Por qué pronto podría cancelarse

Read in English

Como una montaña rusa, con altibajos, muchas emociones y miedos, sin saber dónde terminará. Así ve Yesenia Ramales la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

“Han sido 10 años de mucha frustración, no solo para mí sino para toda la comunidad. Es decepcionante ver que estamos en una posición que se podría hacer algo y no se está haciendo nada”, dijo Ramales, quien vive en la ciudad de Phoenix, Arizona.

Esta semana se cumplen 10 años desde que el programa DACA comenzó a recibir solicitudes y sigue siendo tan divisivo como cuando se lanzó por primera vez en 2012. Un flujo constante de desafíos legales amenaza su existencia, dejando a los más de 600 mil beneficiarios de DACA en Estados Unidos en un estado constante de incertidumbre, frustración y miedo.

Se espera que un panel de jueces federales en Nueva Orleans decida en las próximas semanas si eliminan el programa, quitando potencialmente las protecciones de una década para jóvenes indocumentados.

“Ne he comprado casa pensando en que puedo quedar desempleada si el programa acaba en cualquier momento, no he tenido hijos porque no sé si me deportarán algún día”, dijo Ramales. “Uno no puede planear una vida viviendo en dos años, y en dos años, y en dos años”.

Ramales, de 29 años, nació en Puebla, México, y sus padres la trajeron a Estados Unidos en 1994, cuando tenía dos años. Es asistente legal en The Florence Project en Phoenix, una organización sin fines de lucro que brinda servicios sociales y legales gratuitos a adultos y niños no acompañados que se encuentran detenidos en centros migratorios.

“Cuando se habla de DACA la gente no capta que ya no somos niños, ya no somos jóvenes. Ya somos adultos”, apuntó. “Yo ya voy a cumplir 30 años en un mes, y sigo en esta situación frustrante donde la incertidumbre es constante”

Beneficiarios han dicho que aprecian lo que ofrece DACA: Protección contra la deportación; un número de Seguro Social y permiso de trabajo; la oportunidad de obtener un seguro médico a cargo del empleador; licencia de conducir; y en algunos casos, la capacidad de salir del país temporalmente y regresar.

Pero, en muchos sentidos, los beneficiarios de DACA aún no han podido tener una experiencia estadounidense más completa. No son elegibles para la ayuda federal para la matrícula universitaria y, en algunos estados, no califican para las tasas de matrícula estatales. Eso significa que muchos de ellos tienen que pagar más del doble del costo de la matrícula en comparación con sus compañeros de estudio, lo que pone obtener una educación superior fuera del alcance de muchas familias.

La designación prohíbe los viajes internacionales sin una aprobación especial del gobierno y evita que los destinatarios trabajen para el gobierno de Estados Unidos. Los beneficiarios de DACA no son elegibles para la mayoría de los beneficios públicos federales, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Y el programa no proporciona un camino hacia el estatus de residente permanente o la ciudadanía.

DACA también debe renovarse cada dos años, a un costo de 495 dólares.

“Es temporal y puede ser impugnada en los tribunales… y eso nos pasa una factura emocional tremenda. No nos sentimos seguros. No tenemos certeza en nuestras vidas”, dijo Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de defensa federal de United We Dream, una red dirigida por jóvenes inmigrantes, y una beneficiaria de DACA. “Nos sentimos mucho como ciudadanos de segunda clase, ni siquiera ciudadanos”.

DACA tiene como objetivo ayudar a inmigrantes indocumentados que no tienen culpa propia porque llegaron al país cuando eran menores de edad. Aquellos que se oponen al programa dicen que es un ejemplo de extralimitación presidencial.

DACA fomenta más inmigración ilegal al recompensar a los inmigrantes indocumentados con aplazamientos de deportación y permisos de trabajo, senialó Lori Reis, directora del Centro de Inmigración y Seguridad Fronteriza de la Fundación Heritage.

“La amnistía, cualquiera que sea su nombre, no es una buena política porque solo engendra más inmigración ilegal”, dijo Reis. “Necesitamos un sistema de inmigración legal y ordenado, ese es el camino”.

Reis subrayó que la solución era revisar y simplificar el sistema de inmigración de la nación, que “se ha vuelto más complejo y confuso”. Pidió medidas de seguridad fronteriza más estrictas, además de enfocarse en las solicitudes de asilo sin mérito como una forma de reducir la acumulación masiva de ocho y medio millones de casos.

DACA es ilegal porque no fue autorizado por el Congreso, dijo R.J. Hauman de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que busca reducir los niveles de inmigración. Hauman, director de relaciones gubernamentales y comunicaciones de FAIR, señaló que los beneficiarios de DACA deberían estar “furiosos” con los demócratas del Congreso por no haber llegado a un acuerdo con los republicanos que hubiera brindado una solución permanente.

“Los demócratas han utilizado a los beneficiarios de DACA como un balón de fútbol político durante décadas. Los republicanos habrían prometido protegerlos a cambio de reformas modestas a nuestro sistema y una mayor seguridad fronteriza”, afirmó.

DACA fue diseñado para ser temporal cuando fue establecido por el presidente Barack Obama en 2012 después de que el Congreso no aprobara el DREAM Act, más ambiciosa, que habría brindado a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad un camino hacia un estatus legal permanente. DACA proporcionó a casi 1 millón de jóvenes inmigrantes indocumentados la oportunidad de trabajar y conducir legalmente en Estados Unidos.

Durante la última década, más de 800 mil personas han sido aprobadas como beneficiarios de DACA y 611 mil tienen ese estatus en este momento, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés). Los solicitantes debían cumplir con varios criterios, incluido haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y residir aquí continuamente desde el 15 de junio del 2007. Miles de beneficiarios han abandonado el programa por diversas razones, incluido el matrimonio con un ciudadano estadounidense, que puede abrir la puerta a la residencia permanente y la ciudadanía.

El programa ha sido constantemente objeto de un intenso escrutinio.

Cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo, expresó su simpatía por los “soñadores” y le dio al Congreso seis meses para encontrar una solución permanente, que fracasó. En septiembre de 2017, la administración Trump anunció que dejaría de aceptar nuevas solicitudes y procesar renovaciones.

Eso llevó a desafíos legales por parte de los defensores de DACA, quienes afirmaron que cientos de miles de beneficiarios potencialmente elegibles quedaron en el limbo. Su demanda tuvo éxito: La Corte Suprema confirmó por poco el programa en junio de 2020.

Meses después, el juez de distrito de Estados Unidos, Nicholas Garaufis, en Nueva York, ordenó a USCIS que comenzara a aceptar solicitudes por primera vez de personas que eran elegibles para DACA antes de que Trump dejara de procesarlas en 2017.

Pero esas victorias para inmigrantes indocumentados fueron de corta duración.

Un grupo de estados liderados por republicanos presentó una demanda en Texas desafiando la legalidad de DACA y en julio de 2021, el juez federal de distrito Andrew Hanen se puso del lado de los estados republicanos y declaró que DACA era “ilegal”. El USCIS dejó de aceptar nuevas solicitudes después del fallo de Hanen, dejando alrededor de 80 mil solicitudes estancadas en trámite.

Karla Daniela Salazar Chavira, estudiante universitaria en Tempe, Arizona, tenía 15 años cuando se emitió el fallo de Hanen. Solicitó el programa DACA en el 2021, pero su solicitud no llegó a ninguna parte.

“Lloré mucho”, recordó Salazar, de 20 años. “A esa edad apenas entendía que yo era indocumentada, pero sabía que necesitaba DACA, ese pedazo de papel para poder cumplir mis sueños”.

Salazar nació en Sonora, México y fue traída a Estados Unidos cuando tenía 10 meses. En la escuela preparatoria, vio a compañeros de clase obtener becas escolares federales, licencias de conducir e irse de vacaciones al extranjero, todo eso estaba fuera de su alcance. Espera algún día obtener una maestría en interpretación y traducción al español y un doctorado en psicología.

“Para mí DACA es una bomba de tiempo en las cortes, creo que el programa va a terminar”, comentó.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans está considerando ahora una apelación del fallo de Hanen. El tribunal escuchó los argumentos orales en julio y podría fallar en las próximas semanas. Es probable que ese fallo sea apelado en el próximo período judicial ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que en última instancia podría decidir el destino de DACA.

DACA “ha sido enormemente exitoso y transformador. Siempre estoy esperanzada, pero al mismo tiempo, estamos haciendo sonar la campana de alarma”, afirmó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Migratorio. “Vemos que esta es una Corte Suprema que no lo pensará dos veces para hacer retroceder los derechos fundamentales”.

Los defensores esperan que Garaufis, quien también celebró una audiencia en Nueva York en julio, ordene al USCIS que comience a procesar las solicitudes de DACA que quedaron pendientes, lo que significa que los solicitantes recibirían el estatus de DACA de inmediato si los tribunales mantienen el programa.

Más allá de las batallas federales, DACA ha estado luchando por su vida a nivel estatal desde su creación.

Veintiocho estados no otorgan matrícula estatal a los inmigrantes indocumentados, independientemente de si se graduaron de una escuela preparatoria local. Los grupos de activistas a favor de inmigrantes han buscado durante años cambiar estas políticas, argumentando que la matrícula universitaria accesible podría ayudar a más personas a obtener empleo y contribuir a la economía.

En Arizona, una coalición bipartidista de legisladores y líderes empresariales y comunitarios lanzó Sí a la 308, la campaña que insta a los votantes a aprobar la Proposición 308 en las elecciones del próximo 8 de noviembre. La iniciativa electoral permitiría a las personas indocumentadas que se gradúan de las escuelas preparatorias de Arizona la oportunidad de pagar la matrícula estatal en las universidades públicas del estado.

Casi 3 mil 600 estudiantes indocumentados de Arizona se beneficiarían cada año si se aprobara la Proposición 308, según un análisis publicado en junio por el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro que apoya la reforma migratoria progresiva. La medida también aumentaría el poder adquisitivo de los “soñadores” que se gradúan y generaría alrededor de 5 millones de dólares en impuestos locales, estatales y federales, según el análisis.

Reyna Montoya, directora ejecutiva y fundadora de Aliento, un grupo de recursos de familias de estatus mixto en Arizona, aseguró que estos estudiantes están pidiendo una oportunidad justa para pagar la misma tasa de matrícula que sus compañeros.

“Me siento realmente esperanzada de que Arizona podría pasar la página y ser un lugar más brillante para los ‘Dreamers’, como yo y miles de jóvenes que trabajan en las escuelas”, apuntó Montoya.

Si se aprueba, Arizona se convertiría en el estado número 23 en otorgar a los estudiantes indocumentados la posibilidad de pagar la matrícula estatal en colegios y universidades públicas.

“Hemos visto estados como California, como Nueva York, pero al mismo tiempo, estados como Oklahoma, Texas, Utah, que realmente analizan el problema y determinan y reconocen que es beneficioso para el estado y para las comunidades de esos estados; así como colegios y universidades, que pueden brindar igualdad de acceso a la educación a estudiantes indocumentados dentro de esa entidad”, señaló Christian Penichet-Paul, director de política de inmigración de Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, una alianza de instituciones de educación superior con líderes que apoyan políticas progresistas de inmigración.

Si los tribunales anulan DACA, los inmigrantes indocumentados que estaban protegidos contra la deportación volverán a ser vulnerables a ser expulsados del país. Eso es particularmente preocupante considerando que más de 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados “salieron de las sombras” para proporcionar información personal al gobierno para participar en DACA, dijo Rafael Martínez Orozco, profesor de historia en la Universidad Estatal de Arizona que estudia los movimientos sociales de los jóvenes indocumentados.

La administración de Biden ha dicho que deportar a los extitulares de DACA no sería una alta prioridad si los tribunales ponen fin a la política. Pero una nueva administración podría adoptar una postura más dura, presagió Martínez Orozco.

Al mismo tiempo, poner fin a DACA podría reanimar los movimientos sociales que podrían generar presión política para que el Congreso apruebe la DREAM Act, mencionó.

Como mínimo, muchos exparticipantes perderán los privilegios de la licencia de conducir según el estado en el que vivan, expuso Martínez Orozco. Y muchos estudiantes universitarios podrían verse obligados a abandonar la escuela si ya no califican para la matrícula reducida, explicó Penichet-Paul.

Algunos estados, como Arizona, también lucharon sin éxito para bloquear la elegibilidad de la licencia de conducir después de que se estableció DACA. Si bien los beneficiarios de DACA pueden obtener una licencia de conducir en todo Estados Unidos, la renovación de la licencia está vinculada a la renovación de DACA. Eso significa que los beneficiarios de DACA deben volver a solicitar en persona cada dos años una licencia de conducir, en lugar del período más largo entre renovaciones de cuatro a 12 años que disfrutan otros conductores.

Andrea Rathbone Ramos, de 26 años, estudiante de posgrado en política pública en la Universidad de Nueva York, asegura que obtener su licencia de conducir cuando era más joven gracias a DACA la hizo sentir como todos los demás adolescentes.

“No quería tener que mentirle a la gente, diciendo: ‘Oh, sí, mi mamá no puede pagar las clases de manejo’. Ahora, tenía una razón legítima para obtener mi licencia”, recordó.

Algunos conservadores han dicho que es poco probable que los beneficiarios de DACA sean deportados si el programa se declara ilegal.

El rechazo judicial de DACA podría resultar en una reforma radical para los jóvenes inmigrantes indocumentados, afirmó Andrew Arthur, miembro residente en derecho y política del Centro de Estudios de Inmigración, una organización de investigación sin fines de lucro que describe su visión como la búsqueda de “menos inmigrantes pero una bienvenida más cálida para los admitidos.”

Obama “envenenó el pozo” con DACA, senialó Arthur. Pero un rechazo final de DACA por parte del poder judicial federal podría obligar al Congreso a encontrar una solución permanente, incluido un camino hacia la ciudadanía, para los beneficiarios de DACA, a quienes se refirió como “una población de extranjeros extremadamente tolerantes”.

“Realmente no hay ningún interés por parte de los republicanos del Congreso, en general, en sacar a esas 600 mil personas de Estados Unidos”, dijo.

Pero muchos jóvenes beneficiarios de DACA dijeron que viven con miedo.

José Magaña Salgado, abogado y beneficiario de DACA con sede en Washington, D.C., explicó que pudo obtener su licencia de conducir, ejercer la abogacía, encontrar un trabajo en una organización sin fines de lucro y comprar una casa gracias a DACA.

“También me da la seguridad de poder estar aquí en este país sin el miedo de qué va a pasar mañana, si me van a detener, si me van a deportar. Psicológicamente DACA nos ha ayudado”, afirmó Magaña Salgado, director de políticas y comunicaciones de Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration.

Magaña Salgado dirige un pequeño bufete de abogados y emplea a siete ciudadanos estadounidenses. Esos trabajos no existirían sin DACA, mencionó.

Aún así, quiere más para su vida en los Estados Unidos.

“DACA no nos da papeles (estatus legal)”, subrayó Magaña. “Ojalá algún día finalmente se otorgue una vía a la ciudadanía a toda esa gente que considera este país su casa, pero que por un pedazo de papel no lo es”.

La situación legal es grave, dijo, y es probable que se tome una “mala decisión”. Pero eso no impedirá que él u otros beneficiarios de DACA luchen.

“Muchos de nosotros hemos estado aquí desde antes de DACA, y nos quedaremos aquí después de DACA. Vamos a luchar por este país, por nuestras familias y nuestras comunidades”, afirmó.

José Patiño, un beneficiario de DACA de Arizona, dijo que su ansiedad por el futuro de DACA lo llevó a buscar un terapeuta.

“Lo que han dicho los republicanos es que no va a haber una urgencia de una reforma migratoria mientras DACA esté vivo”, comentó. “Pero si el programa termina no hay ninguna garantía de que esto suceda, y podría perder mi casa, mi trabajo y todo lo que he venido construyendo en los últimos 10 años.

“No queda de otra mas que educarme más sobre lo que está pasando, y hablar con mi empleador sobre lo que puede pasar si el programa llega su fin”.

Traducción Alfredo García