Monday, November 28

de acusado a víctima de espionaje


Madrid
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La presión que vivía el Gobierno por el caso Pegasus, la herramienta con la que se espió a varios líderes del separatismo catalán en el contexto del proceso judicial contra los responsables del golpe secesionista de 2017, empezaba en las últimas semanas a desbordar al Ejecutivo, que sin ir más lejos el pasado jueves volvió a salvar in extremis una importante votación parlamentaria, la del decreto de ayudas económicas, en este caso gracias a Bildu. Ante esta situación, y sea casualidad o causalidad, como han insinuado varios dirigentes políticos,
incluido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo sucedido este lunes es un claro balón de oxígeno político para Pedro Sánchez y su gabinete. La
revelación hecha a primera hora

(el equipo de prensa de La Moncloa avisaba antes de las ocho de la mañana de la comparecencia de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y del titular de Presidencia, Félix Bolaños) en un día festivo en Madrid y varias comunidades autónomas, de que tanto el móvil del presidente como el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados el año pasado, entre mayo y junio, por el sistema de espionaje que ha afectado también a decenas de países, hace que Moncloa pase de acusada a víctima, al menos en primera instancia.

Si bien es verdad que
las primeras reacciones de los dirigentes independentistas, a pesar de la solidaridad mostrada por Carles Puigdemont con Sánchez, dejan claro que no piensan bajar su dedo acusador sobre el Gobierno. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha comparecido este mismo lunes para poner en duda la versión gubernamental sobre esa intervención en los teléfonos de Sánchez y Robles, de los que se extrajo un
importante volumen de información, mientras que el portavoz de los republicanos en Madrid, Gabriel Rufián, empuñaba Twitter para afirmar tajantemente que «el Estado ha espiado, espía y espirará» y que, en todo caso, Sánchez habría sido víctima de las llamadas cloacas del Estado. «Si no limpias tus cloacas, se llenan de ratas y las ratas se lo comen todo. Luego no te quejes de que te muerden» concluía su reflexión el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

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Pero el Gobierno, como evidenciaba la intervención a primera hora de Bolaños en la rueda de prensa de La Moncloa -precisamente antes de asistir como representante del Ejecutivo al día de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol- tiene lo que no tenía hace apenas días: algo que decir y que no suene a evasiva cuando se trate de espionaje y de Pegasus, dos palabras que hasta este mismo domingo eran una pesadilla para cualquier comparecencia de un ministro. Muy al contrario, Bolaños señalaba con aplomo este lunes: «Estamos informando de hechos que están contrastados. Y que son fehacientes, no son suposiciones. Son hechos de una enorme gravedad, que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley».

Además, y en un mensaje que también tiene carga de profundidad hacia los líderes separatistas y sus acusaciones, el hombre fuerte del Gobierno advertía que «en una democracia plena, como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial». Un mensaje en el que volvía a recrearse en otro momento de su comparecencia con estas palabras: «España es una democracia plena, con todas las garantías, un Estado de Derecho avanzado, perfectamente homologable a los países europeos de nuestro entorno». El mensaje a los independentistas, que en el caso de ERC amenazan de nuevo con hacer descarrillar la legislatura, está claro: si ha habido escuchas irregulares, a dirigentes del separatismo pero ahora también al propio Pedro Sánchez, habrá sido de manera externa a la cúpula del Estado o desde fuera de España, pero las que se hayan podido producir con la participación del Gobierno habrán tenido siempre la preceptiva autorización de un juez.

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Todo esto se produce la misma semana en que tanto Margarita Robles, ahora también afectada por espionaje y hasta el momento en el disparadero de muchas de las críticas, como la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, darán explicaciones en el Congreso sobre lo sucedido. Será en la comisión parlamentaria de secretos oficiales y gastos reservados, que hasta la semana pasada ni siquiera se había constituido, y que solo lo ha hecho tras la maniobra de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, para rebajar las mayorías necesarias para elegir a sus miembros, lo que ha permitido introducir tanto a Bildu (los herederos de Bastasuna-ETA permitían al mismo tiempo la convalidación del decreto económico del jueves) como a la izquierda antisistema de la CUP dentro de ese organismo, algo que no había sucedido nunca. Ese fue, precisamente, junto al anuncio de una investigación interna en el CNI y de la comparecencia de su máxima responsable, el primer cortafuegos político ideado por Moncloa ante el caso Pegasus. Pero aparecer ante la opinión pública como víctima de ese sistema, sea o no casual, es una baza de mayor envergadura para afrontar una crisis que empezaba a desgastar a Sánchez ante sus socios y de cara al futuro de la legislatura.

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