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La economía española atraviesa una crisis que hace viejo cada plan que presenta el Gobierno. Lejos de ser un error excusable de La Moncloa, se trata del resultado de una política conscientemente lenta e indolente, siempre a la espera de que otros hagan (Bruselas) o asuman culpas (Putin, Covid-19, Filomena y hasta la calima subsahariana). A pesar de las serias advertencias recibidas de organismos y expertos, el Gobierno jugó la baza de una inflación de corto recorrido, pero la que ahora se sufre está desbocada, casi el 10 por ciento, y con visos de arraigar durante mucho tiempo. Los niveles de deuda pública y de déficit -más contenido gracias a una recaudación fiscal desorbitada- pesan como ruedas de molino en el cuello de la respuesta del Estado, que se recluye en políticas nada audaces para hacer frente a una situación que está vacunada contra las tópicas y típicas medidas de un Gobierno de la izquierda, pródigo en consolidar gasto y cobarde en asumir riesgos.
Sánchez presentó ante el Congreso un plan anticrisis de 160 páginas publicado en el BOE el mismo día de su comparecencia. Esta forma de proceder es, desde la perspectiva parlamentaria, un insulto más a la soberanía representada por la Cámara Baja; y desde la óptica económica, una nueva demostración de la falta de proyecto. Con una inflación casi al 10 por ciento, muchas de las propuestas del plan están amortizadas y esto resta cualquier crédito a un Gobierno que no cree ni en su propia iniciativa.
En tiempos de crisis, con tambores de guerra, las soluciones tienen que estar desprovistas de los clásicos argumentarios sobre el ‘escudo social’ o aquel ‘nadie quedará atrás’, porque el escudo social salta cuando hay miles de ciudadanos sometidos al temor de no poder pagar productos básicos por culpa de la inflación. Hay que cambiar los registros de la política económica. Las opciones son conocidas pero exigen valor político y responsabilidad de gobierno, dos cosas de las que Sánchez huye. Hoy ABC consulta a una veintena de expertos para ofrecer soluciones alternativas a la inflación. Lo triste es que Sánchez no escuche ninguna. Muchos de ellos confluyen en la necesidad de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores para que los efectos de la inflación se proyecten de forma equilibrada en toda la cadena productiva mediante contención de salarios y de márgenes empresariales. Servirá de poco imponer cargas desproporcionadas a los empresarios si la actividad económica no permite el aumento de salarios o la adecuación de las plantillas. Al final, vuelta al ERTE como maquillaje de una economía fragilizada. Por otro lado, el Gobierno debería abordar con valentía la situación de las pensiones y valorar si no es momento de ‘desindexarlas’ para desligarlas de la inflación, y así evitar una espiral de gasto que concluya con una orden de recorte idéntica a la que Bruselas envió a Zapatero en 2010.
La política-dopaje de subvenciones y créditos no es una alternativa a una política de rebajas selectivas de impuestos. El Gobierno está tratando la inflación como una fuente de ingresos, pero esta opción tiene el límite de la capacidad de gasto de las familias, que ya no es el de 2021, cuando se liberaron los ahorros de la pandemia. Hay productos volubles como la electricidad y los combustibles que deben bajar sus impuestos. También la alimentación. Con un 130 por ciento de deuda sobre el PIB hay que medir con cautela las rebajas fiscales, pero no huir de ellas. Incluso, es factible retocar a la baja el IRPF para no castigar más al consumo. A España, es evidente, le hace falta otro Gobierno.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism