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La propuesta gremial hecha ayer por el Gobierno a los transportistas para concederles 500 millones de euros en bonificaciones al petróleo, pero sin una bajada fiscal generalizada a todos los ciudadanos y sin tocar el IVA, suena a un intento desesperado de La Moncloa por acabar con diez días de conflictividad y paros en el transporte. ‘A priori’, esa cantidad suena a escasa, a insuficiente, y no alcanzará el nivel de las ayudas fiscales de hasta cuarenta céntimos por litro que otros países europeos están aplicando para mitigar los efectos de la crisis energética. Además, se trata de una ayuda genérica e indeterminada, ya que nadie aclaró el cálculo de cuántos céntimos bajará cada litro para los transportistas. Más parece un parche recurrente que una respuesta contundente a una crisis que está haciendo al Gobierno perder la calle.
En apenas veinticuatro horas, Moncloa ha pasado de tildar de ultraderechistas a todos los transportistas que están alterando el suministro de productos esenciales por carretera, a ofrecer unas ayudas que no iba a hacer públicas hasta el Consejo de Ministros del día 29. Lo que está descartado es que este reparto de bonificaciones se aplique antes de esa fecha.
Una vez más, la percepción es que el Gobierno improvisa para sacudirse de encima cuanto antes un conflicto que afecta seriamente a su imagen. Sánchez conoce ya de primera mano la división que hay en Europa, y sabe que la Comisión parece incapaz de hallar una fórmula de consenso para afrontar la crisis energética. No hay una posición unánime, por ejemplo, para desligar el precio del gas del precio de la electricidad. Y tampoco la hay sobre cómo abordar la crisis de los combustibles, en la que cada país actúa como mejor puede y por libre para abaratar los precios. En España, Sánchez pretende imitar el modelo francés, y que esos 500 millones en bonificaciones sean sufragados a partes iguales entre las petroleras y el Estado, y que la medida no entre en vigor hasta el 1 de abril. De nuevo, copiando a otros, y tarde y mal.
Respecto a la electricidad, la vicepresidenta Ribera se rectificó a sí misma, negando ayer lo que afirmó cuatro días antes, cuando mantuvo la idea de llevar a Europa una propuesta firme para limitar el precio de la luz a un máximo de 180 euros por megavatio y hora. Sin embargo, este intervencionismo no solo es discutido por muchos países, sino también por las patronales industriales, las asociaciones de consumidores o el propio gestor del mercado eléctrico. No solo iría contra el libre mercado, sino que ayudaría a perpetuar tarifas muy altas. ¿Resultado? Que el Gobierno vuelve a dar marcha atrás negándose a sí mismo. Y así lo convierte todo en imprevisible e incierto. Hasta algunas autonomías socialistas solicitaron ayer al Gobierno en una reunión del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra bajadas fiscales que no se van a producir. A lo sumo, habrá ayudas específicas a sectores empresariales concretos y bonificaciones a familias desprotegidas, pero nada más. No habrá una renuncia expresa a parte de la inmensa recaudación que el Estado está haciendo en estos momentos. De ahí, la retórica en el lenguaje de los ministros, como cuando José Luis Escrivá se limita a afirmar que el Gobierno está «afinando el paquete de medidas». Es el afinamiento de la nada. Mientras, continúa el cese de actividad en ámbitos cruciales como la construcción o la siderurgia, lo que demuestra que el plan del Gobierno es solo una solución parcial y coyuntural. Es un error limitarse a 500 millones para los transportistas, de los que además solo pagaría 250.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism