MADRID
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional y Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, han entregado al Defensor del Pueblo miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) en toda España.
Estas quejas también se entregarán a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios. Igualmente, tanto CSIF como Jupol y Jucil estudian acciones jurídicas ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos y protestas para revertir esta situación donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal, como consecuencia de la infrafinanciación por parte del Estado.
A lo largo del último mes, las tres organizaciones, han recogido más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial.
Según los datos recabados, el 50% de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% han visto limitado el acceso a su hospital habitual y les han propuesto que paguen por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento.
En la misma línea, el 25% de los encuestados aseguran que le han limitado las pruebas para detección del covid.
Los sindicatos exigen a las mutualidades que asuman su responsabilidad, que tomen cartas en el asunto e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes. Asimismo, reclaman que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria.
«En definitiva, reclamamos a las mutualidades que se interesen por las personas afectadas y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada», reza el comunicado.
En el caso concreto de los pacientes oncológicos, los sindicatos piden que se concreten los siguientes datos: el número de personas atendidas en 2021 y de estas cuántas siguen en tratamiento; y que concrete cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero requieren de revisiones. «Recordamos las mutuas que están obligadas a garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas o beneficiarios afectados», añaden.
Estos recortes tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. «Ya advertimos entonces que estaría vigilante ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas», avisan.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism