Madrid
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El Congreso debate esta tarde la admisión a trámite de dos propuestas de calado que ponen en dificultades a los socialistas. De un lado, Vox eleva al hemiciclo su ley para elevar la financiación de la Defensa Nacional al menos hasta el 2 por ciento del PIB, en línea con lo marcado por la OTAN y anunciado por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.
De otro lado, el PP, Cs y el Grupo Mixto llevan a debate su reforma del Código Penal para endurecer la prisión permanente revisable y aplicarla a asesinos reincidentes y a ocultaciones de cadáver. Será la primera vez que los diputados discutan esta cuestión después de que el Tribunal Constitucional avalara la pena máxima en octubre y pusiera fin al argumento principal que utilizaban los socialistas para evitar entrar en nuevos debates sobre este castigo.
El aumento de la inversión en Defensa enfrenta a los socialistas con su socio de coalición, Unidas Podemos, y con los partidos de la mayoría de investidura.
Todos ellos han anunciado su oposición a la medida en días pasados y el sello de Vox en la iniciativa que se debatirá esta tarde eleva aún más su rechazo.
De hecho, el PNV y EH Bildu ya adelantaron ayer a ABC su voto en contra, mientras ERC insiste en reclamar recortes en el presupuesto de Defensa que califica ya de muy alto. Por su parte, el PDeCAT pide mayor transparencia antes de elevar el gasto en el Ejército al tiempo que Más País y Compromís consideran que los españoles tienen necesidades más «acuciantes».
Lo último que necesitan los socialistas es ahondar ahora en la brecha abierta con sus socios por el envío de armas a Ucrania y el cambio de posición ante el Sahara. En Ferraz no adelantaban ayer su postura aunque no es descartable que opten por dar carpetazo a la propuesta de Vox, aún estando de acuerdo en el alza de la financiación propuesta, argumentando que la iniciativa procede de la ultraderecha.
Alza progresiva
Actualmente, el gasto en Defensa no alcanza el 1 por ciento del PIB, por lo que el partido de Abascal propone doblarlo de forma «progresiva» para «reducir» su impacto en los presupuestos. De aprobarse esta ley, el alza presupuestaría se aplicaría en el ejercicio económico posterior a su entrada en vigor y se introduciría mediante una reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Como muy pronto, por tanto, al año que viene.
En su exposición de motivos, Vox subraya que la asignación del ministerio que encabeza Margarita Robles es «claramente insuficiente» y que ello coloca a España como
«el último país» de la OTAN en esfuerzo en Defensa, «tan solo por delante de Luxemburgo y en empate técnico con Bélgica».
Como consecuencia, continúa este grupo, se están sacrificando la «eficacia de material» y «las legítimas expectativas de los militares». «Se torna imperativo un incremento presupuestario a la altura de la posición estratégica de nuestro país», reclama.
La iniciativa también aboga por establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional (oficiales, suboficiales, tropa y marinería) para que «la relación de servicios» de todas las categorías sea «esencialmente la misma» y esté regulada por «una misma ley».
Junto a ello, plantea que la carrera de los militares profesionales se desarrolle en tres etapas de unos 12 años de duración cada una. Esta modificación se llevaría a cabo mediante reforma de la Ley de la carrera militar. Ciudadanos ha adelantado su voto a favor.
Estímulo para entregar el cadáver
En cuanto al endurecimiento de la prisión permanente revisable, el debate recoge
la lucha de la madre de Marta Calvo, la joven asesinada hace más de dos años en un municipio valenciano sin que se hayan podido localizar sus restos pese a que su homicida confesó el delito.
El PP, Cs y el Mixto subrayan que su reforma busca elevar la prevención y la protección de la sociedad frente a asesinos con especial crueldad e inciden en que «no es incompatible» con «el fin reeducador de la pena».
Además, recuerdan el apoyo social superior al 80 por ciento hacia la prisión permanente revisable revelado por las encuestas, y la «honda preocupación» de la sociedad frente a las ocultaciones de cadáver y reincidencias de asesinato.
En esta línea, estos grupos consideran «adecuado» que el asesinato no se castigue con la pena de prisión de quince a veinticinco años «sino con otra más grave que no puede ser más que la de prisión permanente revisable».
Así, el asesino sería castigado de manera proporcional al daño causado, al mismo tiempo que se establecería «un estímulo« para que el reo revelara el paradero del cadáver» y la sociedad ejercería su legítimo derecho »a precaverse».
Tanto la reforma de la financiación de Defensa como el endurecimiento de la prisión permanente revisable necesitan ser aprobadas por mayoría simple (más votos a favor que en contra), por lo que su destino se encuentra en manos de los socialistas.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism