Madrid
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La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles una proposición no de ley por la que se pretendía instar al Gobierno a que facilitara la inscripción de los
niños nacidos en Ucrania por gestación subrogada. La iniciativa del PDeCAT abogaba por revocar la instrucción de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se prohibió el registro como ciudadanos españoles de los niños nacidos por vientres de alquiler sin una sentencia judicial.
El problema reside en que el sistema ucraniano no contempla la intervención de los jueces en los nacimientos por gestación subrogada, de manera que
las parejas españolas que recurren a esta práctica en el país tienen que conseguir el pasaporte ucraniano para los menores y, una vez en España, inscribirlos como españoles.
Sergi Miquel, diputado del PDeCAT que ha defendido la iniciativa, explica que con esta proposición no se pretende abrir el camino a la regulación de la gestación subrogada, sino «proteger y garantizar los derechos de los menores». «De alguna manera, estar a favor o en contra de la gestación subrogada no debería interferir a la hora de proteger y garantizar los derechos de los menores, que es de lo que trata este texto», ha dicho a ABC minutos antes de que comenzara la comisión.
Sin embargo, la proposición no de ley ha sido rechazada con 31 votos en contra, tres a favor (PDeCAT, Ciudadanos y Foro Asturias) y una abstención (ERC). El resto de grupos se han mostrado contrarios a dar luz verde a la iniciativa, que, de haber sido aprobada, en la práctica no supondría más que «poner el foco sobre esta cuestión que afecta a
centenares de niños que se encuentran en esta situación», expone Miquel.
Los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, se han mostrado además bastante críticos con la iniciativa. Lucía Muñoz, portavoz de la formación morada en la comisión, ha afirmado que esta proposición no de ley «nace para quedar bien con alguien» y que «el deseo de ser madre o padre no puede conculcar los derechos de terceras personas». Por parte de los socialistas, Laura Berja, ha sido más dura: «Los vientres de alquiler son una forma de explotación reproductiva y además España la considera ilegal porque es una forma de mercantilización de los cuerpos españoles. Los compradores de niños están muy preocupados porque han pagado por un niño y ahora no saben si van a poder traerse».
También Vox ha manifestado su rechazo a la iniciativa, a la que ha calificado de «chantaje emocional». «El interés del menor debe estar por encima de todo y por eso no debería comerciarse con él», ha sentenciado. El PP, por su parte, ha votado en contra de la proposición no de ley y ha hablado de la gestación subrogada como «un problema complejo desde el punto de vista ético y jurídico».
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism