Sunday, February 25

El Constitucional anula las resoluciones a favor de la «autodeterminación» de Cataluña aprobadas en 2019


Madrid / Barcelona
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El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado este jueves los
acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña adoptados el 25 y el 26 de septiembre de 2019 por los que se calificaron y admitieron a trámite varias propuestas de resolución a favor de la autodeterminación de la comunidad, asunto para el que el mismo Alto Tribunal tiene declarado ya que no es competente una cámara regional.

En un fallo que cuenta con los votos particulares de los magistrados Juan Antonio Xiol y Ramón Sáez, el Constitucional declara que se vulneraron por el camino el derecho a la participación política de los diputados de Cs, formación que acudió al Alto Tribunal al considerar vulnerados sus derechos, y los votantes a los que representan.

La ponente del fallo, cuyo desarrollo se conocerá en los próximos días, ha sido la magistrada María Luisa Balaguer.

La cuestión concreta debatida por el Constitucional hace referencia a dos propuestas de resolución a las que dio luz verde la Mesa aquel 25 de septiembre. Por un lado, una impulsada por la CUP sobre «un acuerdo por la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos». Por otro, una propuesta impulsada por Junts, ERC y la CUP que hacía referencia a dar una «respuesta de consenso ante la sentencia del juicio al ‘procés’».

La nulidad por inconstitucionalidad también afecta a la resolución que la misma Mesa, que en 2019 estaba bajo control de Roger Torrent (ERC), adoptó al día siguiente, desestimando la petición de reconsiderar de Cs a la decisión de admitir a trámite y calificar aquellas propuestas.

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En el recurso de Cs, la formación naranja señaló que, con el trámite de estas dos propuestas de resolución, se vulneraba el artículo 23 de la Constitución y los nacionalistas catalanes pretendían dejar sin efecto la nulidad (recogida en varias sentencias del Constitucional) de la
resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña,
sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, que daba el visto bueno al trámite de lo que luego se conocerían como ‘leyes de desconexión’ y utilizadas como base para el 1-O.

En la primera propuesta (la de la CUP) se apuntaba que el Parlamento de Cataluña reconoce que «Cataluña ejerció el derecho a la autodeterminación en el referéndum de autodeterminación del uno de octubre (2017)» y que el Parlamento autonómico es soberano «de acuerdo con la Resolución 1/XI y la 534/ XII», pese a que ambas fueron declaradas inconstitucionales y nulas por el Constitucional.

Por su parte, en el segundo texto ahora anulado, el propuesto por el tripartito independentista, se incidía en que «el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña» y se pedía «el sobreseimiento de todas las causas represivas que afectan a la ciudadanía y a entidades», relacionadas con el ‘procés’.

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