Friday, April 12

El espionaje a Sánchez y Robles coincidió con la crisis con Marruecos y con los indultos del ‘procés’


Madrid
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Mayo y junio de 2021. Son los dos meses en los que, según
la información anunciada este mismo lunes por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, resultaron infectados por el programa Pegasus de espionaje. El primero de los aparatos sufrió dos intervenciones,
en la primera se le sustrajeron 2,6 gigas de material y en la segunda 130 megas, el segundo solo una, perdiendo 9 megas. Al margen de que el material pudiera responder a comunicaciones anteriores, en aquellos meses dos hechos marcaron la actuación del Gobierno de España, que asegura que el ataque proviene de fuera de nuestro país.

Uno, la fuerte crisis migratoria con Marruecos en Ceuta, tras la acogida en España de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, tratado en un hospital de Logroño de Covid. Y otro, los preparativos de los indultos a los condenados por el golpe secesionista en Cataluña, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras, hasta ese momento en prisión. La medida de gracia al ex vicepresidente de la Generalitat y el resto de condenados por los sucesos de 2017 la concedía el Consejo de Ministros el 22 de junio, y Sánchez afirmaba que «es el momento de la política, de pasar página, es el momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar, ahora es el momento de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo» afirmó en una comparecencia en La Moncloa.

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Como es evidente, ambas cuestiones centrarían buena parte de las comunicaciones privadas de Sánchez y Robles durante aquellos meses de primavera de hace justo un año, en los que políticamente también fue relevante el triunfo arrollador de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones adelantadas por ella misma a la Comunidad de Madrid el cuatro de mayo. Un resultado que precipitó la retirada de la política de Pablo Iglesias, quien previamente ya había abandonado su puesto de vicepresidente segundo del Gobierno para encabezar la candidatura de Podemos en los comicios madrileños.

En lo relativo a Marruecos, fue el 17 de mayo cuando se produjo una invasión migratoria sin precedentes en Ceuta que llevó al límite los servicios sociales de la ciudad autónoma y en la que enseguida se evidenció que estaba detrás Rabat, aflojando más que nunca la válvula del control fronterizo. Mohamed VI retiró a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, y la crisis con el país vecino -antes del giro de 180 grados en la política sobre el conflicto del Sahara llevada a cabo por Sánchez este mismo 2022, aceptando los planes de autonomía marroquíes y negándole un referéndum de autodeterminación a los saharauis- solo empezó a solucionarse en verano, tras el relevo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. José Manuel Albares sustituyó entonces a Arancha González Laya, quien terminó siendo imputada por el juez que investiga la acogida a Gali en nuestro país.

Un mes antes de esa grave crisis fronteriza en Ceuta, Marruecos logró averiguar y filtrar la acogida del líder del Polisario en España. Nada se sabía entonces de Pegasus, pero las primeras informaciones sobre el sistema por parte de un consorcio periodístico del que formaban parte, entre otros, The Washington Post y Le Monde, ya en el verano de 2021, dejaron de manifiesto que los servicios secretos marroquíes no se habían quedado precisamente atrás a la hora de emplear el programa desarrollado por una empresa israelí. Entre los teléfonos afectados aparecía el del mismo rey Mohamed VI y el de la madre de sus hijos, de la que se separó hace cuatro años, también el del presidente de Francia, ahora reelegido, Emmanuel Macron, así como hasta 6.000 teléfonos relacionados con Argelia, el país con cuyo pasaporte Brahim Gali entró en España para ser tratado médicamente.

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Desde el Gobierno prefieren de momento guardar prudencia antes de lanzar cualquier dedo acusador, y se remiten a las diligencias que a partir de ahora se abran en el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, donde este mismo lunes, a través de la Abogacía del Estado, se presentaba la pertinente denuncia. Pero de las palabras de Bolaños queda claro que señalan a algún país extranjero, dado que el sistema Pegasus solo se comercializa en principio entre Estados soberanos.

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