Madrid
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El Gobierno de Pedro Sánchez a dado una vuelta de tuerca más a la opacidad en torno al reparto de los miles de millones de euros que conforman el fondo de rescate de empresas que se habilitó para hacer frente a la crisis del Covid, el denominado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). El Ejecutivo lo administra a través del hólding público SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Ha catalogado como secreto el baremo que sigue para la concesión de estas ayudas. Conocerlo es clave para poder escrutar la correcta gestión de ese fondo, pero se ha negado a aportarlo ante el Congreso.
Hasta el momento ha distribuido 2.040 millones de euros en
ayudas que han aterrizado en una quincena de compañías consideradas estratégicas. Pero hay unas 60 empresas en lista de espera, como mínimo, mientras sigue en entredicho el rigor y la objetividad con la que el Gobierno selecciona a las compañías beneficiarias, así como los criterios con los que decide cuánto dinero inyecta a cada una de ellas. Tras casi un año de parálisis,
el pasado viernes, el Gobierno aprobó el reparto de otro nuevo paquete de ayudas al amparo del Fasee, 500 millones de euros que han recalado en cuatro grandes compañías.
El Gobierno hace tiempo que se acogió al secreto para no desvelar expedientes concretos de concesión, como el que se siguió para
el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el más polémico. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez no solo se niega a facilitar el contenido de expedientes concretos de concesión, sino que también considera secreto el propio baremo que utiliza para aprobar o denegar las solicitudes de ayuda que presentan las empresas. Se lo ha negado a los grupos de la oposición, para no rendir cuentas al respecto.
Hace escasas semanas, el diputado de la oposición Pablo Cambronero, ex de Ciudadanos y ahora en el Grupo Mixto, pidió al Gobierno que detallara, entre otros extremos, «qué factores, criterios y parámetros» utiliza para repartir estos fondos, y «de qué depende» que unas empresas sí los reciban y otras no.
En suma, este diputado ha pedido conocer la herramienta elemental y que necesariamente debe existir en cualquier convocatoria de ayudas públicas: el baremo, objetivo y cuantificado, para que los solicitantes tengan garantías de un reparto limpio y no discrecional de las ayudas. Sin embargo, el Gobierno se acoge ahora a su recurrente argumento del secreto para no detallar ese baremo.
El diputado Cambronero considera que esta actitud del Ejecutivo de Sánchez es «escandalosa» y no hace más que multiplicar «las dudas y las sospechas sobre la gestión rigurosa y objetiva» de esos fondos para empresas estratégicas.
El Gobierno se ha despachado la solicitud con el argumento de que «toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al Fasee tiene carácter reservado». Con la misma excusa se niega también a aclarar cuándo piensa resolver la concesión de los 3.100 millones de euros, que siguen esperando decenas de empresas que aspiran a estos fondos. A estas alturas, año y medio después de que arrancara el Fasee, solo se ha concedido el 38% de los 5.345 millones con que se dotó este fondo de rescate de empresas estratégicas.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism