Wednesday, February 21

El Gobierno intenta calmar a ERC con una oferta inviable sin el apoyo del PP


Madrid
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La crisis política derivada de las supuestas escuchas a los líderes independentistas a través del
sistema Pegasus se le sigue complicando al Gobierno, que intenta aplacar como puede el enfado de ERC, uno de sus principales socios parlamentarios y el partido del presidente catalán, Pere Aragonès, que ha puesto el grito en el cielo por este asunto. Este lunes, veinticuatro horas después de reunirse de manera extraordinaria el domingo en Barcelona con la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ofrecía a los independentistas una aparente bicoca, la comparecencia parlamentaria de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. «El Gobierno no tiene nada que ocultar y quiere esclarecer los hechos», señaló el hombre fuerte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en una entrevista a primera hora en Televisión Española.

Pero el propio Bolaños sabía hasta qué punto se trata de un ofrecimiento inviable, pues la comparecencia de Esteban, la máxima responsable de los servicios secretos españoles, se tendría que producir en la
comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados. Es este un órgano que no se ha constituido aún en la presente legislatura y cuya última reunión, con una composición distinta de las Cortes, data de marzo de 2019. En la actualidad, el PSOE pretende que todos los grupos parlamentarios, incluido el de EH Bildu, la formación heredera de Batasuna, el brazo político de ETA, forme parte de esa comisión reservada en la Cámara Baja. Así lo volvió a reiterar este mismo lunes el portavoz de su Ejecutiva Federal, Felipe Sicilia, en su rueda de prensa ordinaria semanal, mientras que el PP insiste en que la presencia de Bildu en una comisión de esas características es, como mínimo, un sinsentido.

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Desde el PP reclaman al Gobierno que contacte con el primer partido de la oposición para darle las explicaciones oportunas. En Génova ven lamentable que desde el Ejecutivo se saque tiempo un domingo para reunirse con ERC, y no haya ningún hilo de comunicación con los populares sobre un asunto sensible como ese. La llamada que se produjo el jueves pasado, de Margarita Robles a Esteban González Pons, fue casi protocolaria, sin entrar en ningún detalle, y además el motivo principal de la toma de contacto no fue el caso del espionaje, sino el envío de armas a Ucrania. El PP considera claramente insuficiente esa conversación.

Respecto a la comisión de secretos oficiales, el PP se niega a hablar de bloqueo ni de vetos previos. El vicesecretario Juan Bravo explicó este lunes que existe un reglamente claro que rige esa comisión, y que exige el apoyo de tres quintos de la Cámara para los miembros de ese órgano parlamentario, como máximo uno por cada grupo parlamentario, según interpretan los populares. Por eso animan a la Presidencia de la Cámara a dar el paso de constituir la comisión y votar sus miembros, aunque advierten de que la participación de Bildu en esa comisión «no es un camino» que comparten, al tratarse asuntos de Estado muy sensibles.

Puigdemont advierte que los consejeros de Junts no se reunirán con el Gobierno hasta que haya una comisión de investigación

El PP sabe que con el reglamento actual en la mano, su voto es imprescindible para la formación de la comisión. De entrada, Bravo reclamó al Gobierno que dé explicaciones al PP y que ponga sobre la mesa su propuesta para constituir la comisión, y a partir de ahí podrá evaluar a qué diputados daría su voto. El PP ve positivo que se convoque ese órgano para escuchar al CNI, pero desde luego no a cualquier precio.

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Tampoco puede buscar el PSOE un entendimiento en este asunto con Vox ni con Ciudadanos, partidos que no solo se oponen a la presencia de Bildu, sino de cualquier independentista, como dejaron claro este lunes tanto Jorge Buxadé como Inés Arrimadas.

Controversia reglamentaria

La controversia se produce por la interpretación reglamentaria. La Ley Reguladora de la Utilización y Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados remite a la normativa parlamentaria para la constitución de la comisión de secretos oficiales. Y esta, a su vez, se desarrolla en una resolución del 2004, que dice que el Gobierno facilitará información a un diputado de cada grupo parlamentario, que a la par debe ser nombrado por tres quintos del Pleno del Congreso. Una doble condición que condena al bloqueo actual, aunque en la X Legislatura el PP ya vetó a ERC, entonces en el Grupo Mixto, y la comisión inició sus trabajos con un diputado menos. Por contra, en 2017, en pleno ‘procés’, el PP sí aceptó la entrada en este órgano del republicano Joan Tardà, cuando ERC ya tenía grupo propio, y a la que se opuso Ciudadanos.

De la maniobra del Gobierno daba cuenta lo dicho por la tarde, en su primera comparecencia ante la Comisión de Seguridad Nacional, por el jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López, quien dirigiéndose a los parlamentarios presentes les dijo: «Constitúyanla [la comisión de secretos], eso es competencia del Parlamento. Y por supuesto que allí se darán explicaciones». Igualmente, López señaló que el Gobierno no tiene «nada que ocultar» en el asunto de las escuchas, al tiempo que mostró su «empatía como demócrata», dijo, ante las invectivas de varios portavoces independentistas.

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Míriam Nogueras, de Junts, habló del «Watergate español» y acusó a Sánchez de tener la «boca tapada», mientras que Jon Iñarritu, diputado de Bildu, acusó a López de haber «escurrido el bulto» ante el «escándalo de espionaje más grave de las últimas décadas». Mientras tanto, en Barcelona el número dos de Carles Puigdemont anunció que hasta que no haya una
comisión de investigación los consejeros de Junts no se reunirán con el Gobierno, informa Daniel Tercero. En la citada comisión el representante de Podemos habló de «depurar responsabilidades» y pidió dimisiones. Yolanda Díaz, por su parte, aseguró que el Gobierno «se está tomando muy en serio esta cuestión».

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