Madrid
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El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha citado para el próximo 25 de abril a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño como investigados por los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo y falsedad que señalaba en su querella la Fiscalía Anticorrupción, en tres contratos del Ayuntamiento de Madrid para compra de material sanitario en plena primera ola de la pandemia.
Según informaron en fuentes jurídicas a ABC, librada la citación, el juez ultima el auto por el que se atenderá a otras de las diligencias de prueba solicitadas en su querella por la Fiscalía y entre ellas, el embargo cautelar de los bienes que los dos empresarios habrían comprado a través de las sociedades y/o cuentas bancarias en las que percibieron, en total, algo más de seis millones de dólares por aquella transacción.
En el caso de Luceño, fueron cinco millones de comisión por colocar al Ayuntamiento de Madrid material que además, era defectuoso. Anticorrupción sostiene que este empresario fijó los precios, que estaban inflados un 148% para enmascarar el pellizco que se llevaría y se encargó tanto de la negociación con el consistorio como de proveer el material, cuyo origen está en una empresa malaya.
Según relataba la querella, tras la recepción de los fondos gastó 60.000 euros en un hotel en Marbella, pero también adquirió varios relojes de lujo y siete coches de alta gama, incluidos un Aston Martin y un Ferrari 812. Igualmente, compró una vivienda en Pozuelo y plazas de garaje, entre otras inversiones.
Cuentas y sociedades
Medina, por contra, habría percibido
un millón de dólares por su «intermediación», según él mismo explicó en su declaración entre 2020 ante el fiscal Luis Rodríguez Sol. Habría puesto en contacto a la funcionaria del consistorio que llevaba los contratos con el empresario Luceño a través de un conocido suyo que, a su vez, conocía a un familiar del alcalde José Luis Martínez Almeida.
En su caso, Anticorrupción señala que con los fondos compró un yate y bonos de inversión, que serían los bienes que ahora están en el punto de mira del juez como objeto de embargo cautelar, igual que en el caso de los adquiridos por Luceño.
Las primeras pesquisas de Anticorrupción datan de 2020, cuando incoaron diligencias a partir de una alerta del Servicio Estatal de Prevención del Blanqueo (Sepblac) recogiendo el aviso previo que habían lanzado las oficinas bancarias donde los empresarios recibieron las transferencias procedentes de Malasia, tal y como informó este diario.
Por eso, las mismas fuentes consultadas no descartan que el juez incluya también en la lista de diligencias averiguaciones respecto de las cuentas bancarias en esas oficinas, como de las sociedades intermediarias. Desde el Consistorio se puso nombre a la principal, Leno, que fue a quien se adjudicaron los tres contratos para comprar mascarillas, guantes y test de diagnóstico siendo por su objeto social una empresa intermediaria, tal y como pudo constatar ABC.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism