Corresponsal en Quito
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La justicia de Ecuador no solo llegó tarde para pedir, de manera oficial, la extradición del expresidente
Rafael Correa (2007-2017), cuando ya tenía «refugio político», sino que el país seguirá escuchándolo hablar y comentar lo que acá suceda, porque no tiene impedimento alguno. El estatus de refugiado político que le ha concedido Bélgica, país del que procede su esposa, Anna Malherbe, y donde él reside, desde que dejó el poder, no le impide viajar y tampoco hacer declaraciones. Así lo confirmó el coordinador de su defensa, Christophe Marchand, quien explicó que a Correa se le ha otorgado una protección especial que se da a los perseguidos políticos.
Como si de acciones paralelas se tratase, el viernes 22 de abril, de manera sorpresiva, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, anunció que había firmado la providencia para iniciar el trámite de extradición de expresidente Correa, quien tiene en Ecuador sentencia en firme por «cohecho agravado», por el caso Sobornos, una trama de corrupción por la cual varias empresas privadas entregaron millones de dólares a su partido, Alianza País, a cambio de grandes obras de infraestructura, entre 2012 y 2016.
Por ese escandaloso caso, además de Correa, fueron sentenciados a prisión su exvicepresidente, Jorge Glas; el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; las exministras María de los Ángeles Duarte y Viviana Bonilla; altos cargos como Vinicio Alvarado, Christian Viteri, Pamela Martínez, Laura Terán, y 10 empresarios más; la mayoría están prófugos.
Apenas conoció el nuevo pedido de extradición del presidente de la CNJ, en su cuenta de Twitter, Rafael Correa -quien ya tenía el refugio de Bélgica, otorgado el 15 de abril, según documento al que tuvo acceso ABC -, arremetió contra Iván Saquicela, señalando que «él fue uno de los jueces del ‘influjo psíquico’ que me impidió ser candidato e hizo a Lasso presidente. Por eso le regalaron la Presidencia de la Corte».
El abogado del exmandatario, Christophe Marchand, ha revelado que para sustentar su pedido de asilo o refugio y demostrar la persecución de la que era objeto, en 2018, Correa entregó al Comisario General de Bélgica para Refugiados y Apátridas 289 documentos, «en los que probó también que la justicia ecuatoriana no era imparcial y que fue utilizada».
Al respecto, Esteban Santos, profesor de Derecho Internacional, dijo que, el estatus de refugiado político lo podían haber otorgado por su condición de ciudadano belga, dado que su esposa tiene esa nacionalidad, al igual que sus tres hijos; porque si han acogido la tesis del expresidente Correa, de ser perseguido, «sería muy grave para el Estado ecuatoriano, su justicia, su estado de derecho y sus instituciones».
Sospechas de acuerdo Lasso-Correa
Las coincidencias entre el anuncio del pedido de extradición y la concesión de refugio ha generado suspicacias, cuando el país no sale aún de su asombro por la concesión de ‘habeas corpus’ a Jorge Glas (exvicepresidente de Correa), a pesar de tener dos sentencias en firme y una tercera en apelación, todas por corrupción; por ello, no pocos sostienen que existe un acuerdo político parlamentario, no admitido, entre el Gobierno de Guillermo Lasso y el expresidente Correa. En octubre de 2021, el bloque correísta UNES se abstuvo para que la Ley de Impuestos de Lasso entrara en vigencia por el ministerio de la ley y, en marzo pasado, el bloque oficialista BAN votó junto a UNES para ofrecer amnistía a una serie de acusados de delitos, del que sacó ventaja el correísmo, que recuperó algunas figuras que estaban vetadas (por investigaciones) para las elecciones seccionales de 2023.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism