Madrid
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Enero de 2014: Vox se presenta como nuevo partido en España con soflamas contra las autonomías y reivindicación del Estado centralista y unitario, «fuerte y eficiente». Entre sus principales recetas, abandera la supresión del Estado autonómico, que tilda de «intento fallido», «políticamente inmanejable y financieramente insostenible». Octubre de 2021: Vox presenta su ‘Agenda España’, y la supresión de las autonomías sigue apareciendo entre los pilares identitarios del partido de Santiago Abascal. «Cuarenta años de ensayo autonómico nos han dejado una comunidad política dividida en 17 reinos de taifas, un enorme caos administrativo, lazos afectivos debilitados y un país sumamente desigual», reza este documento en el que Vox se refiere al Estado de las Autonomías como el «enemigo de la rica diversidad de España».
Pero solo cuatro meses después, el pasado 13 de febrero, Abascal
exigía al PP entrar en el Gobierno de Castilla y León, tras los resultados cosechados ese día en las elecciones autonómicas.
Vox, con 13 escaños, se ha convertido en fuerza decisiva en esa región y su líder
exige mando en plaza en la Junta de Castilla y León, uno de los «17 reinos de taifas» de los que reniega. «Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León», «exigimos respeto al veredicto del pueblo soberano», clamó Abascal la noche electoral del 13 de febrero, mientras reclamaba para su candidato autonómico la vicepresidencia regional. Vox sigue exigiendo su entrada en el gobierno como condición para pactar con el PP el Ejecutivo de Castilla y León. El popular Alfonso Fernández Mañueco, sin embargo, se resiste a gobernar en coalición con Vox. La negociación sigue abierta.
Devolución de competencias
Vox encara así su particular laberinto territorial entre el dicho y el hecho. Y no lo tiene fácil para salir airoso, a la vista del programa de máximos que lleva años pregonando contra las autonomías. Lo más que ha aceptado en sus postulados es admitir una solución «transitoria»: que mientras lucha por acabar con el modelo autonómico, y hasta tanto no haya una mayoría política suficiente para reformar la Constitución en ese particular, se vayan desmontando las autonomías. ¿Cómo? Con más «fortaleza» del Estado; con la eliminación significativa de las «elefantiásicas estructuras administrativas de las comunidades autónomas»; y con la «devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia». Ya lo decía su programa marco de las autonómicas de 2019, y lo reitera la ‘Agenda España’ que los de Abascal presentaron poco antes de las elecciones de Castilla y León. En este reciente documento programático, Vox insiste en la «devolución inmediata» de las grandes competencias autonómicas.
Mientras Vox ha sido una minoría sin cuota de gobierno, ese discurso ha sido una de sus bazas electorales. Pero, ahora que exige mando en plaza en un ejecutivo autonómico, se enfrenta al espinoso reto de encajar su discurso con el ejercicio de un poder institucional en el que insistentemente ha dicho que no cree y que debe desaparecer.
Promesas y poder autonómico
Más allá de las grandes reformas que ha venido proclamando –destrucción del modelo autonómico o la citada devolución de competencias que son la razón de ser del actual poder regional–, si Vox pacta con el PP en Castilla y León su programa se confrontará con la realidad. Los de Abascal prometieron eliminar cargos públicos, adelgazar las estructuras políticas autonómicas y podar el sector público regional con la liquidación de organismos y entes. Estas son otras de las recetas que Vox viene propugnando desde su fundación y, ahora, para hacerlas efectivas, tiene ocasión de exigírselas al PP en su pretendido acuerdo de investidura y gobierno en Castilla y León. Está por ver.
Hace unos días, el expresidente de Gobierno y ex líder del PP José María Azna afeó al partido de Abascal que exija gobernar Castilla y León mientras repudia el modelo autonómico. En Vox, sin embargo, dicen que lo uno no está reñido con lo otro, que mientras su objetivo del Estado unitario no sea legislativamente posible, deben participar en el actual modelo para poder defender sus propuestas de gestión, también en materia autonómica. Lo contrario los colocaría extramuros del sistema, sin capacidad de competir en igualdad con el resto de partidos, no solo desde el punto de vista político sino también financiero.
El poder autonómico gestiona en torno al 35% de todo el gasto público de España –sin contar los flujos de deuda– y administra las grandes áreas de la Sanidad pública y la Educación. También hay que tener en cuenta que los partidos con representación institucional se reparten unos 60 millones de euros al año en subvenciones de gobiernos y parlamentos autonómicos, según el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas sobre las arcas de los partidos. Además, a esos fondos se suman las subvenciones electorales que reciben cuando hay comicios.
Sus 74 escaños autonómicos
En la práctica, pese a su discurso contra las autonomías, Vox hace tiempo que participa de ese entramado. En las elecciones autonómicas de 2019 fue cuando logró abrirse paso en los parlamentos regionales. Actualmente, con los 13 escaños que ha ganado en Castilla y León, Vox ocupa 74 de los 1.203 asientos que suman los legislativos autonómicos. En 2019 fue decisivo en la investidura del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), el año pasado apuntaló la investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y ahora es crucial para que el PP siga gobernando en Castilla y León. Los únicos parlamentos regionales en los que Vox aún no tiene representación son los de Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra, La Rioja y Canarias.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism