Madrid
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El Tribunal de Cuentas (TCu) ha dado por buena la tesis de la «indefensión» alegada por los cabecillas del golpe independentista de Cataluña para poner a salvo su patrimonio personal. Así ha justificado el TCu su radical cambio de criterio, que se conoció a finales de febrero y del que
dio cuenta ABC. Ahora se conoce el auto que argumenta la decisión, con la que este tribunal recula y da por bueno que se avale con dinero público a quienes, desde sus puestos en la Generalitat, lanzaron y alimentaron la maquinaria secesionista que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la fugaz declaración de independencia de Cataluña.
Como informó ABC el pasado 28 de febrero,
el TCu ha reculado en beneficio de estos procesados
. En la lista se encuentran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 31 cargos independentistas, entre ellos los exconsejeros de la Generalitat Dolors Bassa, Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Francesc Homs. Los encausados en el Tribunal de Cuentas se enfrentan, en total, a reclamaciones de más de 9 millones de euros: 5,4 millones por el dinero público que la Generalitat usó para la promoción exterior del ‘procés’ secesionista; y los 4,1 millones de euros de fondos públicos que gastó en organizar y celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El proceso abierto contra ellos en el Tribunal de Cuentas engarza directamente con los procesos penales que se abrieron contra ellos por el golpe de 2017. Los cabecillas fueron condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del ‘procés’, pero quedó en manos del TCu dirimir su responsabilidad contable por los fondos públicos desviados al servicio de ese desafío secesionista.
El proceso y los pactos políticos
Los condenados fueron excarcelados con los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez, pero la causa del TCu sigue adelante, aunque ha perdido fuerza en varios frentes en los últimos meses, coincidiendo con los pactos políticos trabados entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, a los que debe su investidura.
El pasado enero se retiró como acusación la Abogacía del Estado y al mes siguiente se conoció el cambio radical de criterio que pone a salvo los bolsillos de los independentistas procesados. Quedan a salvo del embargo de bienes, al poder ser avalados con dinero público de la Generalitat, algo que en su momento no les permitió el mismo TCu.
En febrero se conoció la decisión, pero es ahora cuando aflora el auto. Este viernes ha sido enviado a las partes en el proceso. Retirada la Abogacía del Estado y al no ejercer acusación la Generalitat como perjudicada directa del desvío de fondos,
queda personada como acusación popular Sociedad Civil Catalana (SCC). De hecho, al retirarse la Abogacía del Estado, SCC ha quedado en el TCu como solitario promotor civil de las acciones contra los independentsitas. Ahora queda por saber qué posición adopta la Fiscalía ante la demanda multimillonaria que impulsa SCC contra los cabecillas del ‘procés’.
Voto discrepante en el TCu
El auto que ha visto la luz este viernes refleja los argumentos utilizados por la Sala de Justicia del TCu para recular en beneficio de los líderes del golpe independentista. Y entre esos argumentos figura el de la indefensión, uno de los que alegaron los encausados. Ahora, la Sala secunda esa tesis y les da la razón al afirmar que, en su día, cuando no se aceptaron los avales de la Generalitat, afectó a sus derechos de defensa.
La pontente de este auto ha sido la consejera María del Rosario García Álvarez, que ha sido respaldada en su sconclusiones por Diego Íñiguez. Sin embargo, Rebeca Laliga ha emitido un voto particular por discrepar con las tesis que permiten que los independentistas sean avalados con los fondos de la Generalitat, cuyas arcas fueron perjudicadas. Así, se va a dar la circunstancia de que la Administración perjudicada, en vez de acusar para resarcirse, va a avalar a quienes están encausados por haber dañado ilícitamente sus arcas.
El auto concluye, en contra de lo que en su día detemrinó la instructora Esperanza García Moreno, que sí es de aplicación la norma autonómica que ampara esos avales, el derecto-ley de la Generalitat por el que se creó el Fondo complementario de Riesgos. Indican que es una norma vigente con rango de ley. La instructora dijo en aquel momento que no se podía avalar con fondos públicos conductas dolosas o negligentes, pero ahora el TCu considera que esa decisión se produjo en una fase preliminar del proceso, mientras que «el dolo o la culpa» deben establecerse en la fase de juicio, «a través de cumplida prueba por quien alega su concurrencia, con satisfacción plena del derecho de defensa del sujeto a quien se imputa».
No lo ve así Rebeca Laliga, que en su voto discrpante niega que se haya causado «indefensión material» a los encausados, porque no provocó «merma sustancial del derecho de los recurrentes a alegar y probar, en términos de igualdad con todos los demás intervinientes en las actuaciones, lo que a su derecho consideren conveniente» sobre las imputaciones a las que se enfrentan.
Este auto, que sustancia la decisión tomada a finales de febrero, llega pocos meses después de la renovación del TCu pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado. Ese pacto se produjo en octubre, en el marco de un acuerdo que incluyó también a vocales del Tribunal Constitucional. Así llegó al frente del Tribunal de Cuentas la actual presidenta, Enriqueta Chicano, propuesta por el PSOE y que tomó posesión a finales de noviembre.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism