Madrid
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La Seguridad Social acumula desde 2010 elevados déficit -2.669 millones aquel año y unos 29.000 en 2021-, que han dilapidado el Fondo de Reserva y endeudado al organismo en 100.000 millones, una cifra sin precedentes que es equivalente al 8,1% del PIB. Con este escenario, España negocia con Europa la recepción de una nueva remesa de 12.000 millones que estaban condicionados a la puesta en marcha de las reformas laboral y de pensiones. Esta última será analizada por Bruselas en uno de los peores momentos, con la inflación creciendo casi al 10% y un compromiso de ligar las pensiones al IPC, y cuando están pendientes los cambios más duros para el sistema, los que deben asegurar su viabilidad a las puertas de la llegada de los hijos del ‘baby boom’.
Los ‘boomers’ comenzarán a jubilarse en 2023 y el sistema no cuenta hoy con mecanismos de ajuste que frenen la escalada de gastos en los que incurre para pagar pensiones. El Factor de Sostenibilidad está desactivado y también lo está el Índice de Revalorización, que se ha sustituido por la inflación como indicador para revalorizar la nómina de los pensionistas, compromiso que ahora amenaza con descuadrar más las cuentas del sistema con una factura superior a los 10.000 millones.
Con este panorama, el año próximo comenzarán su retiro los nacidos entre 1957 y 1977, un ‘ejército’ de trabajadores con edades comprendidas entre los 45 y los 59 años que serán los primeros en sufrir los recortes de Escrivá, según reconoció el propio ministro. «Tendrán que elegir entre recortes en su pensión o trabajar durante más tiempo», dijo. Fueron la primera generación que accedió a la universidad y copó los puestos de trabajo más cualificados, lo que les dará derecho a pensiones más elevadas en un momento en el que la natalidad en España languidece y la precariedad es la tónica del mercado laboral con bajos sueldos.
Los estudiosos del sistema llevan años reclamando un saneamiento de las cuentas del organismo que paga las pensiones para asegurar un aterrizaje sin sobresaltos de los ‘boomers’, pero las reformas aplicadas desde 2011 no han servido para detener los gastos y estos han provocado una deuda histórica, según reflejan los balances del Banco de España.
La rutina de los préstamos
El recurso a los préstamos del Estado en los últimos años han disparado el pasivo, que se mantuvo durante décadas estable en torno a los 17.000 millones. Hasta que en junio de 2017 el Gobierno de Rajoy se encontró con que no había dinero suficiente en la ‘hucha de las pensiones’ para pagar la extra de verano a los jubilados y tuvo que endeudarse. A ese primer préstamo le siguieron otros y la deuda pasó de 23.157 millones en julio de ese ejercicio a 27.363,7 al cierre -tras el correspondiente préstamo para la extra de Navidad-, y así sucesivamente hasta alcanzar los 41.194,14 millones al final de 2018. La subida de las pensiones en 2019, el efecto sustitución y el envejecimiento de la población -con el consiguiente aumento de pensiones- provocaron que la deuda creciera un 34% ese año, hasta los 55.024,16 millones.
A partir de ahí, las cifras han ido engordando, marcadas también desde 2020 por la pandemia y el esfuerzo adicional que ha tenido que afrontar la Seguridad Social al abonar prestaciones de incapacidad temporal (para enfermos de Covid y personas en cuarentena), pagar el ingreso mínimo vital y renunciar a ingresos por cotizaciones de los trabajadores en ERTE y de autónomos en cese de actividad.
Y mientras Bruselas está exigiendo una reforma clara al Gobierno como condición para recibir fondos europeos. En 2021 el Ejecutivo cumplía con la primera fase y presentaba a Europa un paquete amable de medidas con el que cerraba una de sus grandes promesas: garantizar a los jubilados la revalorización de sus nóminas con el IPC. La iniciativa fue recibida con disgusto por las autoridades comunitarias, siempre contrarias a un proceder que provocó una espiral de gasto en España en los años 90, motivo por el que la indexación fue suprimida. Pero Sánchez lograba recuperarla con el apoyo de los agentes sociales y el Pacto de Toledo. Nadie sospechaba entonces que meses más tarde se convertiría en una seria amenaza para las cuentas del sistema.
Según los cálculos de Fedea, volver a indexar las pensiones elevará el gasto en 188.500 millones el próximo año, lo que equivaldría al 14% del PIB, lo que supone 1,7 puntos por encima del nivel de 2019, cuando se encontraba en la media de los países de la zona euro. Los estudiosos del sistema esperan que las reformas paramétricas que incluyan en la segunda parte de la reforma contribuyan a atenuar estos gastos, así como las transferencias del Estado para cubrir los denominados gastos impropios. Este año el Gobierno volvía a acudir al rescate de las pensiones con una partida que supera los 43.000 millones para cumplir con los pagos comprometidos. Las cuentas públicas para 2022 incluyen una transferencia récord de 36.276 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, casi un 17% más que en 2021. El mismo camino se volverá a recorrer en 2023, si bien ese año ya deberán estar en marcha medidas de recorte del gasto como aumentar del periodo de cálculo de las nóminas.
Esta iniciativa forma parte del acuerdo con la Comisión Europea para implementar el plan de recuperación de España, y ya provocó un gran revuelo en el Ejecutivo en 2020, cuando trascendió una plan para elevar de 25 a 35 años ese periodo de cálculo de las nuevas nóminas. Aquella propuesta, que siempre negó Escrivá, impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, que disminuiría alrededor de un 8,6%, según el estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con las universidades de Valencia y Extremadura.
El debate fue agrio entre las dos alas del Gobierno y, en consecuencia, Escrivá terminó renegando de la medida. Ahora el proceso es irreversible. Aumentar los años que se emplean para calcular la pensión es una de las medidas más efectivas para recortar la pensión inicial y reducir la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario) en el sistema de pensiones español, que ahora se sitúa por encima del 80%, según la OCDE. Escrivá pretende atenuar este impacto con un modelo que permita al trabajador elegir los mejores años de cotización.
El pacto con Bruselas también recoge un alza de las bases máximas de cotización y, «progresivamente», de las pensiones máximas para que el sistema no pierda contributividad. Así, aumentarán las cuotas para los sueldos de más de 49.000 euros, pero también la pensión que perciban.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism