Thursday, April 11

La falla de una inmigrante latina que la llevó a perder protección migratoria ante un tribunal



El Cuatro Circuito de Apelaciones determinó que la inmigrante Katherin Mejía-Velásquez, originaria de Honduras, había incumplido con su cita para datos biométricos, un paso clave en su petición de asilo, por lo que no tenía derecho a la protección migratoria.

La opinión escrita por el juez Victor Niemeyer fue respaldada por el juez Julius Richardson, pero rechazada por la jueza Diana Motz.

“Concluímos que los archivos demuestran que ella recibió la notificación que sustancialmente especifica los requerimientos”, señala el juez Niemeyer sobre la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

La defensa de Mejía-Velásquez alegó que ella no había recibido la notificación correcta sobre acudir a un centro de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para que le fuera tomada una fotografía, se registraran sus huellas dactilares y su firma, por lo que incumplió con parte esencial del proceso de asilo, mismo que aplica a cualquier otro tipo de solicitud de visas, incluida la ‘green card’.

Los jueces del tribunal consideraron que el juez migratorio que llevó el caso actuó correctamente al considerar que la inmigrante había “abandonado” su caso al incumplir con el trámite de datos biométricos.

“En su petición de revisión, Mejía-Velásquez sostiene que se debe anular la decisión de la BIA y que su caso debe ser devuelto para la consideración de su solicitud… Argumenta principalmente que no recibió notificación suficiente de que estaba obligada a proporcionar datos biométricos… y que la decisión de BIA que confirmó la notificación dada en este caso se basó en su decisión errónea”, expone la opinión del juez Niemeyer.

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La defensa de la inmigrante argumentó que ella no habla inglés, por lo que desconocía a qué se refería la notificiación de USCIS sobre datos biométricos. El Tribunal de Apelaciones consideró que la hondureña “no debía recibir ninguna deferencia” al respecto.

Katherin Escarleth Mejía-Velásquez, de 26 años, decidió migrar a Estados Unidos luego de que un pandillero vinculado a un partido político de oposición abusó física y sexualmente de ella, una hermana y a su madre, además de asesinar a su tío.

Ella llegó sin autorización en febrero de 2016 y al mes siguiente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició un proceso de deportación, pero ella hizo una petición de asilo.

La jueza Motz apoyó que la inmigrante tuviera una oportunidad para cumplimentar su protección migratoria, pues en su opinión consideró que la BIA tomó una decisión “con base sólo en un punto procesal: no le habían tomado las huellas dactilares”.

El abogado Jeremy McKinney, presidente electo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) consideró que la decisión del Cuarto Circuito era “una tontería”.

“En este caso específico, el aviso estaba en inglés y su exabogado [de la inmigrante] no le explicó, pero eso fue lo suficientemente bueno como para impedir que su solicitud de asilo avanzara”, expuso en un hilo en Twitter.

Agregó que hay una total falta de coordinación entre USCIS y la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la recolección de huellas y otros datos biométricos, además de que es prácticamente “imposible” acudir directamente a un centro para ese proceso.

“Lo que quiero decir es que ya es bastante difícil cumplir con el requisito de huellas dactilares CON aviso, no importa un caso donde el aviso está en un idioma que [el inmigrnate] no puede leer y está representado por un abogado inútil”, señaló.

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