Wednesday, October 5

La Fiscalía Europea reclama a Anticorrupción las diligencias sobre Ayuso


Madrid
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La Fiscalía Europea ha reclamado
a la Fiscalía Anticorrupción las diligencias que tiene abiertas sobre el contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid que se adjudicó a un empresario amigo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás, quien habría facturado por intermediar en la compra del material sanitario. Anticorrupción se niega a entregar sus pesquisas porque no aprecia esos ilícitos y los que investiga no sólo no estarían vinculados a ellos sino que tienen un claro y estricto alcance nacional. “Falta la ONU por pronunciarse al respecto”, ha ironizado la propia Ayuso tras conocer la noticia.

Según informan en fuentes fiscales a ABC, la reclamación tiene que ver con la sospecha en la Fiscalía Europea de que pudo haber un fraude a los presupuestos de la UE y una malversación de fondos comunitarios, los que se inyectaron desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para ayudar a los Estados miembro a paliar los efectos de la pandemia y adquirir materiales como aquellas mascarillas en Madrid.

Sin embargo, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que es quien instruye esas diligencias, ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado en el que se opone a enviar sus investigaciones a la Fiscalía Europea. Plantea un conflicto de competencias, por lo que la decisión corresponderá ahora a Dolores Delgado una vez oída la Junta de Fiscales de Sala, previsiblemente el lunes.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Luzón entiende que «no hay base» para la investigación que plantea la Fiscalía Europea, representada, curiosamente, por la fiscal Concepción Sabadell, que fue subordinada del propio Luzón hasta dar el salto en septiembre de 2020, tras más de una década en Anticorrupción. Ella fue la fiscal que lideró la acusación pública contra la trama Gürtel.

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A diferencia de Sabadell, Luzón no aprecia «en absoluto» un delito de malversación de fondos públicos, ni nacionales ni comunitarios, porque está «plenamente acreditado» que aquel millón y medio de euros del contrato madrileño se destinó a la compra de mascarillas y que estas llegaron al pabellón 10 de Ifema. No hubo así el desvío a otros fines de fondos públicos que constituye el ilícito de malversación.

Por lo mismo, tampoco aprecia un fraude a los presupuestos comunitarios en el sentido de que el tipo penal lo que persigue es a quien falsee la documentación de cara a conseguir unas partidas que no le correspondan. Se necesitaban las mascarillas y estas se adquirieron.

Claro ámbito nacional

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no puede impedir que la Fiscalía Europea abra diligencias para investigar si hubo tales ilícitos, porque habrá de ser un juez de garantías quien decida si hay o no base para seguir adelante. Lo que le pide la Fiscalía Anticorrupción es que se niegue a entregar a la Europea las diligencias que ya tiene entre manos porque considera que sería una dejación de funciones renunciar a una investigación que tiene un claro ámbito nacional.

La Europea reclama a Luzón esas pesquisas amparándose en que tiene competencias para investigar delitos contra intereses comunitarios y todos aquellos «indisociablemente» vinculados a los mismos. En este caso, serían los ilícitos de tráfico de influencias que tiene en el foco la Fiscalía española por el papel que pudo jugar en el contrato el hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Anticorrupción no lo ve así. Argumenta que esa línea de investigación no es asunto de la Fiscalía Europea porque afecta a «bienes jurídicos estrictamente nacionales» como lo es el buen funcionamiento de la Administración española y la posible implicación de la presidenta de una comunidad autónoma u otros funcionarios.

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Entiende que se puede y se debe investigar en España si hubo delitos de corrupción en la gestión de ese contrato y que remitírselo a la Fiscalía Europea sería una dejación de funciones inasumible, cuando las pesquisas atañen a delitos de corrupción en funcionarios españoles y no tienen nada que ver con un perjuicio a las arcas comunitarias. La decisión será de la fiscal General, Dolores Delgado, oídos los fiscales de Sala.

Ayuso insiste en la legalidad del contrato

Ayuso no ha tardado en reaccionar a esta información. La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en la legalidad del contrato público vinculado a su hermano y ha hecho hincapié en que «la Fiscalía ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción», tal y como «manifestó en su auto hace semanas».

Además, ha subrayado que lo mismo ha manifestado «la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente»; «la Intervención de la Comunidad, compuesta por funcionarios independientes», y «lo mismo que ha valorado la comisión de contrataciones de la Asamblea». «Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto», ha ironizado en declaraciones que recoge Europa Press.

 

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