VALENCIA
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Un informe de la Policía Judicial aboca la investigación de la causa por la presunta concesión fraudulenta de subvenciones que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia sigue contra Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios, a sus últimos compases.
El documento del Equipo de Delitos Económicos, «tras examinar la documentación aportada por las empresas y consultar a otros organismos», señala cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las ayudas que recibieron las productoras Comunicacions dels Ports, Mas Mut Produccions y Canal Maestrat por parte de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña entre 2015 y 2018, para el fomento del valenciano, el catalán y el aranés en los medios de comunicación.
Según la Guardia Civil, las cuantías obtenidas se encuentran «en el límite entre el delito y la infracción admisnitrativa» que la ley marca en 120.000 euros por cada año natural y la misma actividad, por lo que la Fiscalía cree que «se hace necesario determinar qué cantidades han sido indebidamente obtenidas».
En ese sentido, ha reclamado que tanto la Intervención de la Generalitat Valenciana como la de Cataluña realicen sendas auditorías sobre las subvenciones percibidas por estas sociedades, teniendo en cuenta la documentación con la que se justificaron. Una petición que el juez ya ha trasladado, tal y
como informó este martes ABC.
Del mismo modo, también a petición del Ministerio Público, el instructor ha citado a declarar como imputado, el próximo 23 de mayo, al administrador de las dos primeras mercantiles y solicitante de estas ayudas, Francis Puig, por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las empresas no ha podido ser determinado.
También comparecerá en sede judical, dos días más tarde, Enrique Adell Bover, como administrador de Canal Maestrat, por el mismo motivo. A este invetsigado se le añaden también las imputaciones de falsemiento de nóminas, para obtener subvenciones a través de otra productora denominada Kriol Producciones.
El análisis de la Policía Judicial revela la existencia de facturas cruzadas para obtener subvenciones en mayor cuantía que la que correspondería. Algo que podría ser constitutivo de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Se da la circunstancia, por ejemplo, de que en 2015 Mas Mut incluyó facturas de Comunicacions dels Ports cuyo pago no ha podido ser acreditado.
El documento también cuestiona si algunas facturas pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificada adecuación en las bases de las ayudas. En caso contrario, «la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro».
Es el caso de los repostajes, los costes de transporte, teléfono o gestoría. En este grupo, se han encontrado también facturas duplicadas o de suministro de energía u otros que no se corresponden con el domicilio social y que también integrarían el concepto de falseamiento para obtención de subvenciones, salvo que fueran ficticias.
Por otro lado, y aunque las ayudas de la Conselleria de Educación valenciana y la de Presidencia catalana eran compatibles, se omitió en las solicitudes que se habían recibido otras subvenciones con la misma finalidad, especialmente en el caso de Cataluña, puesto que la acreditación de gastos es del año anterior.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism