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Hasta 16 fiscales de Sala del Tribunal Supremo han suscrito un documento de cuatro páginas para plantarse contra la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que impulsa el PSOE para, entre otras cosas, que el Gobierno pueda exigir al máximo responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE) que le informe directamente sobre asuntos judiciales «de especial trascendencia».
Los firmantes, que pertenecen a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, recuerdan que esta reforma incluye aspectos que «afectan de manera relevante a principios orgánicos y funcionales absolutamente básicos para el funcionamiento» de toda la FGE. Y advierten de que tanto la forma como el contenido de esta iniciativa «no son asumibles».
Ya de entrada, porque la legalidad vigente exige que un cambio normativo tan importante cuente con el correspondiente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal.
«No existe constancia alguna de que uno y otro órgano hayan sido consultados», explican los firmantes, que representan a la mitad de los fiscales de Sala del Supremo. Además, el PSOE impulsa esta reforma aprovechando la tramitación del proyecto de ley concursal, «que nada tiene que ver con las cuestiones estatutarias, orgánicas o funcionales del Ministerio Fiscal», añade la carta.
Pero, sin duda, lo más grave de lo que advierten estos 16 fiscales es que esta reforma del PSOE «representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del fiscal general del Estado respecto al Gobierno». Algo que, según los firmantes, supone una «quiebra importante de la autonomía e independencia» de la FGE que es «absolutamente incompatible con el modelo constitucional del Ministerio Fiscal».
Y es que la reforma que pretende el PSOE incluye una modificación según la cual el máximo responsable de la FGE, en la actualidad la exministra y exdiputada socialista Dolores Delgado, «informará por escrito al Gobierno», cuando éste se lo exija o el propio fiscal general así lo decida, «sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer».
Información privilegiada
Los fiscales que firman esta carta advierten de que esa «obligación para el fiscal general del Estado, incluso por propia iniciativa», concede al Gobierno de turno un «acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles». Aunque el texto no lo cita expresamente, es obvio que el Ejecutivo tendría así información privilegiada y de primera mano sobre causas judiciales que pueden afectarle a él mismo o a sus adversarios políticos.
Por todo ello, estos 16 fiscales del Supremo consideran que las modificaciones estatutarias con las que amenaza el PSOE son «inviables jurídicamente». Y, en todo caso, recuerdan que deberían abordarse «en el contexto de una reforma más general que abarcase cuestiones estructurales» para, entre otras cosas, «que alejen de una vez por todas las permanentes sospechas de intromisión y dependencia» de la Fiscalía General del Estado respecto al Gobierno.
De todas las tendencias
Así, trasladan esta carta a la propia Dolores Delgado para sea ella misma quien la remita al Congreso de los Diputados y al grupo parlamentario del PSOE como proponente de esta reforma. Entre los firmantes destacan dos exfiscales generales del Estado como Consuelo Madrigal y María José Segarra. Además, siete de ellos no están asociados a ningún colectivo, otros seis son de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y tres de la progresista Unión Profesional de Fiscales (UPF), a la que pertenece la propia Dolores Delgado.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism