Wednesday, February 28

La presión de los precios desbocados tensa las costuras de la paz social


Una tormenta de descontento recorre España de norte a sur. La inflación empobrece a empresas y familias, los precios de la luz y los carburantes están por las nubes, también el de los alimentos, y la invasión de Ucrania ha impactado como un proyectil en la economía y ensombrecido las expectativas de crecimiento y empleo en un contexto de salarios menguantes. La economía afronta una situación inesperada de incierto futuro, con una inflación del 7,6%, no vista desde 1986, que tiene como principal impulsor el precio de las energías y que
está provocando una pérdida de poder adquisitivo desconocida en décadas.

Este caldo de malas noticias se está cociendo a fuego lento y generando un tsunami de malestar social

 que recuerda, con sus diferencias, a los años más duros de conflictividad en España, en los que los paros y huelgas terminaron asfixiando a los gobiernos y poniéndolos, en algún caso, al borde la dimisión, como ocurrió con Felipe González. Hace ya más de 30 años, el 14 de diciembre de 1988, un clima de descontento sin precedentes paró los relojes en la mayor protesta en España desde los años 30, asegurando un éxito sindical sin precedentes que nunca se volvió a repetir. La presentación por el Gobierno socialista del llamado Plan de Empleo Juvenil, que precarizaba el mercado de trabajo, no fue más que la gota que colmó el vaso. Los trabajadores perdían poder adquisitivo en una economía que ese año creció un 5% y muchos consideraban que era ya el momento de repartir los dividendos de la recuperación, tras una durísima reconversión que había dejado en la calle a decenas de miles de obreros de la industria.

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Los sindicatos, ausentes

La situación de partida es hoy otra muy distinta, pero el clima de crispación social recuerda al que se larvó aquellos años y terminó paralizando el país durante 24 horas. La diferencia es que ahora los sindicatos de clase mantienen un perfil bajo frente al Gobierno y son los sectores los que, de forma espontánea, han comenzado a salir a la calle como medida de presión para exigir soluciones. Empresas, pequeños negocios, autónomos y familias están al límite en un momento en el que el Ejecutivo retrasa, más dividido que nunca, un plan de choque que ya están poniendo en marcha la mayoría de nuestros vecinos europeos. Alemania, Italia, Francia, Portugal o Irlanda han dado pasos en firme para recortar los precios, mientras Pedro Sánchez sigue deshojando la margarita de las medidas a tomar envuelto en un bucle de declaraciones sobre un paquete genérico de ayudas que pospone al día 29. Mientras, la gasolina escala un 42% y el gasoil un 48% en apenas 15 meses y España despunta como el segundo país, tras Italia, donde más ha crecido el coste de la luz durante la guerra, con un precio medio de casi 324 euros el MWh. Autónomos y pequeños empresarios están con el agua al cuello, endeudados, y con un alza de costes e impuestos sobre las espaldas que dibuja un futuro repleto de incógnitas.

Este cóctel de sobrecostes ha provocado un paro del transporte que se anuncia indefinido y que en una semana, con ayuda de los piquetes que despenalizó Sánchez, ha logrado alterar la cadena de suministro y trasladar la tensión a los supermercados, donde ya escasean algunos productos. El paro ha sido convocado por los pequeños transportistas en solitario, por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte, donde están representados miles autónomos, muchos arruinados y con deudas pendientes con los bancos y con Hacienda. Pero el Gobierno ha decidido ignorarlos con la excusa de que son «minoritarios» y que el paro es un «montaje orientado por los posicionamientos de la ultraderecha».
«Lo único que consigue es que el paro de los transportistas se haga perpetuo», avisó a ABC el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández.

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La protestas mantienen a medio gas la logística y paralizados a muchos transportistas, que temen perder el género por el camino e incurrir en pérdidas millonarias, como le ocurre ya al sector lácteo, obligado echar el freno y a tirar miles de litros de leche.

La movilización de los transportistas ha dado también la puntilla a la crisis que vive la agricultura. Bajo el lema «Juntos por el campo», agricultores, ganaderos, regantes y cazadores procedentes de toda España denunciarán hoy en Madrid el maltrato que sufre el mundo rural y la situación de ruina de muchas familias, y lo harán después de un goteo de protestas desde que gobierna Pedro Sánchez que han expresado el creciente ahogo del colectivo. La convocatoria se espera masiva, la mayor desde las movilizaciones de 2020 pero con motivaciones idénticas: alza de los costes de producción y precios en origen insuficientes para cubrir los primeros, con una caída de la renta agraria. Una situación agravada por el repunte de la inflación, que afecta a materias primas clave para las explotaciones agrarias y ganaderos, como los fertilizantes y los plásticos, el gasóleo y la electricidad, sin olvidar el impacto de la sequía.

El mismo malestar que el mundo rural es el que vive el sector pesquero, que ha dejado de faenar al completo hasta el miércoles, cuando se reunirá con el ministro de Agricultura, Luis Planas. El paro afecta a 200 Cofradías y 40.000 afiliados, casi 9.000 de ellos son propietarios de embarcaciones. El combustible representa para sus bolsillos, al menos, un 40% de sus costes de producción.

Amortiguar el golpe

La guinda para todos los afectados ha sido la invasión rusa. La falta de materias primas y su encarecimiento está sembrando de parones de actividad y de ERTE el mercado de trabajo. El sector conservero, el cerámico, la construcción… los proyectos, inversiones y pedidos se están poniendo en cuarentena por el conflicto en Ucrania. Empresas como Roca, Acerinox, Cementos Portland o Valeo negocian o tienen en marcha suspensiones de empleo para amortiguar el golpe.

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Y en esta escalada de la conflictividad UGT y CC.OO. han convocado para el miércoles protestas en las capitales de provincia con el lema ‘Contener los precios, proteger el salario’. Es un gesto que llega tras meses de fuertes subidas de precios y que está muy lejos de la virulencia con la que actuaron con el Gobierno de Rajoy, que en sus cien primeros días afrontó una huelga general.


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