«Si se prolongan las movilizaciones, habrá un cambio importante y lo que hasta ahora se considera por la mayoría de la gente como legítimo y pacífico se volverá impopular. El desabastecimiento de productos de primera necesidad y la falta de servicios logísticos en algunos sectores aumentará el descontento con el Gobierno». Es la alerta que han mandado durante los últimos días las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras las escoltas a camiones y los seguimientos de las protestas. Y esa alerta ha llegado a la mesa del Ejecutivo, según ha podido saber ABC.
Esta información fue una de las claves que manejó el Gobierno durante todo el día de ayer y la madrugada de hoy para alcanzar
un
acuerdo tras 14 horas de negociación que supone la aprobación de un plan de ayudas por valor de 1.000 millones de euros, que incluye la bonificación de 20 céntimos por litro del gasóleo, la gasolina, el gas y adBlue al sector del transporte hasta, como mínimo, el 30 de junio, entre otras medidas como ayudas directas y facilidades con las líneas de crédito.
Sin embargo, el Ejecutivo
no ha conseguido frenar los paros, principalmente porque la organización convocante, la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, no reconoce el pacto, tanto por la insuficiencia del acuerdo como por no habérseles considerado como interlocutores. Esta mañana miles de conductores se han manifestado por el Paseo de la Castellana y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez,
ha decidido dar su brazo a torcer y reunirse con los representantes de esa organización, con su líder, Manuel Hernández, a la cabeza, a lo que se había negado hasta ahora.
Las fuentes consultadas por ABC consideran que con ese gesto se da el primer gran paso para que la situación se vaya normalizando poco a poco, algo que ya sucedía desde primeras horas de esta mañana. Incluso, aunque no haya un acuerdo, el mero hecho de que la reunión se produzca -una de sus principales reivindicaciones- es considerado como relevante para que muchos camioneros decidan volver a trabajar. No obstante, hasta el domingo por la noche, que es cuando se incorporan muchos camioneros, no se tendrá la certeza absoluta de si el acuerdo de esta madrugada y la reunión de esta tarde han servido para desactivar las protestas.
A la reunión no se acude con demasiado optimismo porque de momento la Plataforma mantiene el paro indefinido. «Ultraderecha», en palabras de la ministra María Jesús Montero o «paro patronal», según el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, son definiciones que han molestado a los transportistas. Gobierno y sindicatos han optado por desacreditar a los transportistas que desde el pasado día 14 han paralizado el flujo de mercancías y suministros, hasta que la tensión ha forzado al Ejecutivo a cerrar un acuerdo a marchas forzadas con la patronal. Día tras día han ido cayendo sectores afectados por el paro al tiempo que aumentaba la preocupación.
Fuentes de las Fuerzas de Seguridad consultadas por ABC advierten de que la situación se complicará mucho más si esos paros persisten y son secundados como hasta ahora, y así se lo han trasladado a Ejecutivo. Cuando Pedro Sánchez anunció el miércoles en la sesión de control que al día siguiente el Gobierno no se levantaría de la mesa hasta que no hubiese un acuerdo, ya disponía de esa información.
Eso sí, las mismas fuentes aseguran que «no hemos detectado nada de eso de que elementos de ultraderecha están detrás de las protestas». La única miembro del Gobierno que ha coincidido en ese diagnóstico es la ministra de Empleo, Yolanda Díaz que rechazó la etiqueta de «extrema derecha», adjudicada a los «chalecos amarillos» de los camiones.
La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, la asociación minoritaria de autónomos y pequeñas empresas, convocante de los paros, es la que ha ganado la partida de la calle. Al menos, de momento. La radiografía de sectores afectados resulta demoledora y el Gobierno la tiene sobre su mesa. Pero empeorará si
los transportistas continúan movilizados pese al acuerdo rubricado esta madrugada, según ese diagnóstico, y puede derivar en violencia pese a que los que están detrás de este parón insisten en que no van a protagonizar actos de ese tipo.
Hasta ahora la violencia no ha estallado. Los empresarios del transporte lo atribuyen a dos factores: el temor a daños en los vehículos –solo se están haciendo transportes muy seguros o escoltados por la Guardia Civil y la Policía Nacional- y la lucha interna dentro del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Aun así, sin una gran conflictividad, hay que destacarlo, hasta el miércoles Policía Nacional y Guardia Civil habían tenido ya que escoltar 5.757 convoyes, habían detenido a 61 personas y otras 445 han sido investigadas/denunciadas, mientras se suceden las marchas por todo el país comunicadas a Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Las empresas de la cadena agroalimentaria llevan días sorteando las
dificultades para mantener la distribución. Los supermercados están perdiendo 130 millones de euros cada 24 horas por el impacto de esta paralización. Las cerveceras han avisado del posible desabastecimiento por falta de materia prima. Las consecuencias alcanzan de lleno a la maltrecha hostelería a la que esta bebida reporta hasta un 25 por ciento de beneficios en muchos establecimientos.
Como las piezas de un dominó, una empuja a la otra hasta hacer caer a la última. Las consecuencias económicas directas son evidentes; sin embargo, no se puede perder de vista el perjuicio para el empleo, si no se frena esta situación. Algunos informes señalan que solo en los sectores de la alimentación y las bebidas pueden verse afectados unos 100.000 de los 450.000 trabajadores que emplean.
Y la patronal de los productores de materiales de construcción sostiene que de persistir la falta de materiales, desembocará en el cierre de las tiendas que los venden y, por tanto, la interrupción de las obras, algo que ya se está produciendo aunque no se ha cuantificado.
El conflicto ha ido variando. Quienes empezaron estos paros son autónomos y pequeños empresarios, como se ha dicho, una Plataforma que no se siente representada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), y que durante los primeros días tuvo dificultades para coordinar las movilizaciones. Varias federaciones de transportistas (Fenadismer, Feintra y Fetransa) se habían mostrado dispuestas a sumarse, pero tras el acuerdo no lo harán.
Entre las tres representan casi un 25 por ciento dentro del Comité y solo una de ellas aglutina a más de 32.000 empresas con unos 60.000 vehículos. Esa suma es la que sembró la preocupación porque con esos apoyos parecía inevitable que los paros tendrían aún mayor impacto.
Desde la Plataforma se ha asegurado repetidamente que
no protagonizarán actos de violencia, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no comparten ese diagnóstico. «La cadena está muy tensionada y hay demasiadas expectativas depositadas por quienes se han organizado de una forma distinta, al margen de sindicatos tradicionales y de sus propias federaciones. Eso puede cundir en otros sectores. Es un movimiento bastante inédito y difícil de calcular todas las consecuencias. Hay un enorme descontento y tensión».
Hay otro elemento de inquietud: que el ejemplo del Transporte cunda y que a partir de ahora cada vez más trabajadores se agrupen en torno a nuevas organizaciones alejadas de los sindicatos y organizaciones tradicionales, que cada vez pierden más representatividad.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism