Saturday, April 13

Los asuntos pendientes de Mónica Oltra en la gestión diaria de la Conselleria de Igualdad


VALENCIA
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Mónica Oltra, además de vicepresidenta de la Generalitat, es la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana. Esto significa que, más allá del
revuelo mediático que supone la posibilidad de su imputación por el caso de los
abusos de su exmarido a una menor tutelada, Oltra tiene que hacer frente a la gestión diaria de un departamento con unos gastos de 2.198,9 millones de euros al año, según los Presupuestos de la Generalitat aprobados para 2022.

No son pocos los asuntos pendientes, sin resolver, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y tampoco son pocos aquellos que advierten de los retrasos en varios de los servicios o de los problemas que no se han solucionado:
el Síndic de Greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo valenciano), sindicatos y colegios profesionales.

Retrasos en la atención a la Dependencia

Si hay un cabo suelto que todavía no ha sido atado y destaca sobre el resto de asuntos es el de la atención a la Dependencia. De hecho, hace escasos días, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, denunció los «excesivos retrasos» en la resolución de expedientes en torno a esta materia, debido a «tanta burocracia».

El informe anual de 2021 del organismo que dirige Luna recoge que un 15,2% del total de denuncias presentadas durante el ejercicio pasado fueron sobre la gestión de la Dependencia. Esto es, 435 quejas de un total de 2.862.

El retraso en la resolución de expedientes, a veces de varios años, según el Síndic de Greuges, se produce por el largo recorrido que tiene que sortear cada caso de una adminsitración a otra, lo que supone trabas, sobre todo, para las personas con menos recursos, que son, en definitiva, las principales usuarias de este tipo de prestaciones y servicios.

La RVI incompatible con trabajos temporales

Dentro del mismo ámbito de actuación, el siguiente asunto con más procedimientos abiertos en el Síndic de Greuges durante el año 2021 fue el de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), con 269 casos, que representan el 9,40% del total de denuncias registradas.

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Sin embargo, lo que destaca el Defensor del Pueblo valenciano no son las elevadas cifras, sino casuísticas concretas por las que se denega la prestación de la RVI. «De entre todos los problemas que plantea el reconocimiento de este derecho, hay uno de especial gravedad», manifiestan desde la oficina.

Se trata del criterio de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de denegar la prestación cuando la persona solicitante ha aceptado algún trabajo temporal o a tiempo parcial, sin tomar en consideración todo el tiempo que ha estado sin trabajar y los «meses de infructuosa espera sin percibir la renta».

«Esta actitud de la Conselleria está desincentivando de forma notoria la búsqueda de empleo y dificultando la inserción laboral de ciudadanos en situaciones muy precarias», señalaron desde el Síndic de Greuges. En esos términos, consideran que se trata de una interpretación de la Administración autonómica que «vulnera la aplicación de la ley».

Cabe recordar que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es la titular de competencias en materia social como la Dependencia o la RVI, que requiere de la colaboración de las entidades locales, es decir, los ayuntamientos, los cuales están supeditadas al visto bueno del departamento que dirige Oltra.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, entrega el informe anual 2021 al presidente de las Cortes, Enric Morera – ABC

A esto se le suma, según el Defensor del Pueblo valenciano, la carga de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores sociales en los Servicios Sociales (ahora de Atención Primaria) en los ayuntamientos, que en «muchísimos casos están rellenando formularios, algo que es realmente grave». Y es que estos profesionales inician los trámites para la solicitud de la Dependencia y de la RVI.

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Un decreto que enfrenta a profesionales

Otra cuestión que afecta de lleno a las y los profesionales que trabajan en el ámbito sociosanitario es un borrador en el que está trabajando la Conselleria de Igualdad. Introduce cambios en la regulación de la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociosanitarios y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial. Esto ha enfadado a trabajadoras sociales y a enfermeras, pero por distintos motivos.

Los colegios de Trabajo Social de Valencia, Alicante y Castellón, en un comunicado conjunto, consideraron que la profesión «se ve infrarrepresentada en la mayoría de servicios», lo que supone una «sobrecarga» para los Servicios Sociales de Atención Primaria y una «dificultad» para el acceso a recursos y derechos por parte de las personas usuarias de centros.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) fue más duro con el borrador del decreto y señaló «una intención por parte del secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, Francesc Xavier Uceda, que depende de la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de
marginar al colectivo de Enfermería y beneficiar al de Trabajo Social».

El texto inicial, según el CECOVA, sólo permitía ser directoras de centros sociosanitarios (por ejemplo, en residencias de titularidad pública) a las personas graduadas en Trabajo Social, Educación Social y Psicología, sin dar opción a este puesto de responsabilidad a las enfermeras.

No obstante, no es novedoso el conflicto entre el colectivo de Enfermería y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, puesto que las enfermeras de las residencias llevan años reivindicando su trasvase a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública porque, según las fuentes consultadas, en igualdad de condiciones, cobran menos en el primer departamento y las horas de trabajo puntúan menos para la bolsa de empleo.

Paralización de la actividad del IVASS

Por otra parte, el sindicato CGT denunció el pasado 4 de abril, también a través de un comunicado, la «desbandada» que atraviesa el Instituto Valenciano de Atención Sociosanitaria (IVASS), tras la dimisión de su directora general, la renuncia de su subdirectora y la no sustitución de la jefa de recursos humanos.

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Desde CGT afirmaron que el servicio se encuentra «a la deriva, donde no hay nadie que pueda asumir cualquier tipo de responsabilidad en la gestión», lo que está generando la paralización de su actividad.

Carnés de familia a dos velocidades

La demora en la resolución de solicitudes de títulos de familia numerosa y monoparental es otro de los enigmas que planteó el Síndic de Greuges respecto a la Conselleria que dirige Oltra, puesto que la oficina registró 116 quejas sobre lo que Luna calificó como «un problema que ocasiona perjuicios socioeconómicos a la unidad familiar».

Lo más llamativo es que existen dos velocidades para solventar los trámites iniciados en esta materia, según se trate del carné de familia numerosa o monoparental, aunque a nivel administrativo no hay prácticamente diferencias en el proceso. En ese sentido, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana ha insistido en varias ocasiones en igualar los plazos máximos, hasta ahora sin éxito.

Por una parte, en el caso de las familias numerosas, según la oficina, se constatan demoras de entre cinco o seis meses en algunos expedientes para certificar el título, cuando el máximo previsto para resolverlo es de tres meses.

Por el contrario, el plazo límite para resolver los títulos de familias monoparentales es de seis meses, motivo por el que se registran menos quejas en relación a este carné.

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