Friday, March 29

Los obispos colaborarán pero no participarán en la investigación de abusos del defensor del Pueblo


Madrid
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«Unanimidad». Ante las dudas sobre la posible división en el episcopado español sobre cómo afrontar la cuestión de los abusos a menores en el seno de la Iglesia, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal,
Luis Argüello, ha dejado claro, tras la plenaria que les ha reunido en Madrid esta semana, que «los obispos españoles han respaldado por unanimidad el trabajo realizado en los últimos meses en las oficinas diocesanas de protección de menores y la firma con Cremades & Calvo-Sotelo para que este despacho de abogados realice una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española».

Un consenso que se hacía necesario después de que en la anterior asamblea plenaria, los obispos aprobaran justo lo contrario,
no encargar una comisión de investigación

al estilo de la que habían realizado la iglesias francesa o alemana.

Aunque Argüello ha presentado el encargo al bufete de abogados como una continuidad del trabajo realizado por las oficinas diocesanas, sí que que ha explicado que en estos últimos meses el desarrollo de los acontecimientos les llevó a tomar esa decisión en la comisión ejecutiva el pasado febrero, que ahora ha sido ratificada por todos los obispos.

Así, a la información que estaban recibiendo de las oficinas creadas en cada diócesis y congregaciones para la presentación de denuncias, unida a la necesidad de coordinar este trabajo, se sumó el ‘dossier’ publicado por el diario El País. «Estando en estas –ha comentado Argüello– aparece una iniciativa de algunos grupos políticos para crear una comisión de investigación en el Parlamento, que finalmente derivó en el encargo al Defensor de Pueblo».

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En ese contexto, «fue la Ejecutiva la que toma la decisión de poner en marcha esta auditoría, para poner en común el trabajo ingente que se estaba haciendo y ante la situación nueva que se produce cuando se toma la insólita decisión del Parlamento de abrir una investigación que afecte solo a un sector de la población».

En ese sentido, monseñor Argüello ha criticado que desde el Congreso se encargue «una investigación sobre abusos en la Iglesia cuando la labor del fiscal ha demostrado que de 15.069 casos sólo 69 corresponden a la Iglesia». «Es sorprendente que se investigue el ámbito de esos 69 casos y no de los 15.000 restantes», ha añadido.

En todo caso, el portavoz episcopal ha reafirmado el compromiso de colaboración de los obispos españoles con ambas investigaciones, aunque ha explicado que «institucionalmente» no van a estar presentes en la «comisión que el Defensor del Pueblo está gestando, como tampoco formamos parte del equipo de Cremades».

En cambio, los obispos españoles sí que abrirán los archivos diocesanos, al igual que ha anunciado la Iglesia portuguesa. Es algo que ya «se realiza y se realizará teniendo en cuenta la legislación civil, la canónica y la ley de protección de datos». De hecho, en una sesión reservada de la plenaria, en la tarde del jueves, los obispos recibieron a un representante del despacho de Cremades & Calvo Sotelo que les detalló los aspectos fundamentales de la investigación que van a realizar y les hizo entrega de una carta en la que «solicita a los obispos y superiores de congregaciones religiosas toda la información necesaria sobre los casos de que se tiene constancia y las denuncias recibidas, incluso las ya juzgadas».

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Sin embargo, «se sobrevalora lo que se puede encontrar en los archivos», ha explicado Argüello. «En la mayor parte de los casos en que ya se ha investigado no se ha encontrado ni una mínima referencia». Y para concretar, ha añadido el ejemplo personal sobre una denuncia en la diócesis de Valladolid, donde es obispo auxiliar, en la que «no hemos tenido constancia ni en los documentos diocesanos ni en personas cercanas al denunciado» de ninguna información sobre el acusado.

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