Sunday, February 25

menos PIB, menos empleo y más inflación


Un reciente informe publicado por la OCDE situaba a España como una de las economías europeas con una menor exposición directa al conflicto en Ucrania. Sin una dependencia apreciable del gas ruso – una de las piezas clave de la dimensión económica del conflicto – y con unas relaciones comerciales más bien tenues tanto con Rusia como con Ucrania, España disfruta sobre el papel de una favorable situación de partida para esquivar las consecuencias económicas más dañinas de la invasión rusa de Ucrania. La realidad, sin embargo,
va por otro camino.

Los escasos indicadores adelantados disponibles sobre el comportamiento de la economía española desde el inicio de la guerra, hace ahora un mes, insinúan ya un impacto significativo sobre

 el consumo y la inversión empresarial y el grueso de los institutos de análisis económico descuentan ya que el conflicto
tendrá un impacto relevante sobre la economía española en forma de mayor inflación, menor crecimiento económico y, probablemente, menor creación de empleo.

El consenso de analistas de Funcas, publicado la semana pasada sobre la base de las primeras actualizaciones de previsiones tras el estallido de la guerra, avanzaba un impacto de un punto sobre el crecimiento esperado para 2022 – del 5,6% al 4,6% -, una tasa media de inflación dos puntos mayor a la estimada apenas dos meses antes – del 3,5% al 5,4% – y una expectativa más sombría para el mercado laboral, con la creación de 100.000 puestos de trabajo menos que los previstos en enero.

Inflación al menos hasta 2024

Los analistas insisten, al igual que ocurrió en los primeros compases de la pandemia, en que se trata de estimaciones preliminares, sujetas a un elevado grado de incertidumbre y cuya mayor o menor cercanía a la realidad dependerá del tiempo que se prolongue el conflicto.

El Banco Central Europeo perfiló el pasado jueves los posibles escenarios por los que podría discurrir la situación. Su escenario base es que las turbulencias en los mercados energéticos y de materias primas y la erosión de la confianza de los agentes económicos serán temporales, y que la eurozona no perderá más que medio punto de crecimiento en el envite (del 4,2% al 3,7%) respecto a lo que se preveía a principios de año. Pero también admite que ese escenario está sujeto a incertidumbres y que todas ellas apuntan a un empeoramiento de la situación, que podría dejar el crecimiento en el 2,5% y en el peor de los casos en el 2,3%, es decir, casi a la mitad de lo que la institución preveía en diciembre.

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Su escenario central también apunta a que habrá presiones inflacionistas durante 2022 y 2023, pero que en 2024 la tasa de inflación confluirá hacia ese objetivo del 2% que constituye el mandato principal del BCE y que ahora parece tan lejano.

Los problemas de España con la energía

El problema es que para entonces la situación de la economía española dentro de la zona euro ya se habría deteriorado. Desde que comenzara la escalada de la inflación el pasado marzo por la tensión en los precios de la electricidad, el
diferencial de precios de España con sus socios de la zona euro se ha ido ensanchando hasta aproximarse a los dos puntos.

No es un dato estadístico más, es uno de los indicadores más fiables de pérdida de competitividad de una economía. Más grave si se tiene en cuenta que casi todo ese diferencial se debe al mayor encarecimiento comparado de la energía en España que en otros países de la UE, lo que tiene consecuencias sobre la competitividad de la productores domésticos en los mercados internacionales. Si la energía es más cara, los costes de producción aumentan y eso se refleja en el precio. Y si se ha encarecido más que para tus competidores, los costes de producción habrán subido más y los precios se elevarán más que los de la competencia.

El Gobierno admite que la escalada del precio de la energía es lo que le tiene más preocupado. La OCDE daba en su informe sobre el impacto de la guerra una clave fundamental para entender todo esto. Pese a que España es en efecto uno de los países menos dependientes del gas ruso y, por tanto, no está tan expuesto al impacto directo de la guerra, es por el contrario uno de los más sensibles a cualquier turbulencia en los mercados energéticos, que acostumbran a trasladarse con especial virulencia a los precios en el mercado español (Ver Gráfico).

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El sistema marginalista de fijación de precios implantado en Europa exacerba las subidas y las bajadas en los mercados mayoristas, pero en España ese fenómeno se agrava por la singularidad de un tejido productivo de pymes en el que los contratos de suministro de energía a precio fijo son menos habituales que en países con un tejido de mayor tamaño. He ahí la razón por la que el Gobierno insiste tanto en topar el precio en los mercados mayoristas.

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«La situación se asemeja a la que vivió España en los 70» , recalca María Jesús Fernández, analista jefe de Funcas. «Si se consolida la exigencia de mayores subidas salariales y se produce una espiral precios, salarios, precios, el riesgo de que la economía entre en una fase de inflación sin crecimiento –la temida estanflación– aumentará».

Mientras se espera una inflación media del 5,4%, la expectativa de subida salarial está en el 2,5%. Los analistas consultados coinciden en que tanto empresas como ciudadanos saldrán más pobres de esta crisis.

El país encara una bola de partido es los próximos meses. La inflación subyacente ya se ha asomado al entorno del 3% y ello a pesar de que los convenios no han comenzado a trasladar los precios a salarios y de que la mayoría de las empresas aseguran estar absorbiendo parte de la tensión de precios contra sus márgenes. La pregunta es si esto es sostenible hasta el año 2024. Algunos analistas opinan que no y ya sitúan el crecimiento por debajo del 4% y la inflación media por encima del 7%.


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