BARCELONA
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El 14 de febrero de 2021, mañana se cumple justamente un año, los catalanes votaron en unos comicios autonómicos marcados por la pandemia y
por la participación más baja desde la restauración de la democracia (53,5%). De esas elecciones surgió un nuevo Govern independentista, aunque liderado por primera vez por ERC. El joven Pere Aragonès (39 años) fue investido semanas después en una votación al filo de la repetición electoral. De nuevo con los votos de Esquerra, Junts y la CUP, el soberanismo abrió un mandato marcado de nuevo por las disputas internas, la desmovilización de sus bases y el estancamiento casi total del ‘procés’.
Coincidiendo con esta fecha, mañana Aragonès ha agendado una pomposa conferencia política en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (Mnac) en la que promete desvelar su estrategia para reactivar el camino a la secesión, la enésima hoja de ruta para alcanzar una república independiente que, internamente, nadie ve factible.
La necesidad más urgente del dirigente republicano en estos momentos es centrar sus metas y profundizar en los objetivos que se planteó tras su investidura, entre ellos, dibujar una nueva estrategia soberanista, ampliar sus alianzas para dejar de depender del ‘puigdemontismo’ y sacar rédito de la gran apuesta de ERC para este mandado: la ‘mesa de diálogo’ Gobierno-Generalitat. Cumplido un año de mandado, el balance para el bisoño Aragonès es más bien magro.
La ‘mesa de diálogo’: ni logros ni nuevas citas
La gran apuesta de ERC para este mandato era la denominada ‘mesa de diálogo’ Gobierno-Generalitat. La meta de los de Oriol Junqueras era aprovechar la dependencia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene de los votos republicanos en el Congreso de los Diputados para hacer valer sus dos grandes reclamaciones: amnistía y autodeterminación. Sin embargo, este espacio solo se ha reunido una vez desde que Aragonès fue investido. Desde entonces, el presidente ha ido dando largas a sus aliados poniendo como excusa la sexta ola de la pandemia o la necesidad de priorizar la gestión de los fondos europeos. Con todo, Sánchez prometió en Navidades que este espació de negociación con el independentismo iba a reunirse en más de una ocasión este 2022. En ERC esperan que, tras la contienda electoral de Castilla y León, los socialistas se avengan a poner otra fecha en la mesa. En Cataluña, la presión del independentismo radical (Junts, CUP, CDR…) aprieta y Aragonès debe tener algún fruto que ofrecer antes del próximo ciclo electoral, que abren las elecciones municipales de 2023, en las que ERC se juega su recién estrenado liderazgo ‘indepe’ ante Junts.
Política de alianzas: sin alternativa a Junts
Republicanos y neoconvergentes apenas se soportan, pero su decisión de poner la independencia por delante de cualquier otro asunto les deja sin apenas alternativas a su tóxica alianza. Pese a ello, Aragonès ha intentado buscar nuevas parejas de baile en varias ocasiones, aunque estas nunca han acabado de cuajar. Los comunes de Ada Colau han sido, desde el primer momento, los aliados favoritos de ERC. Sin ir más lejos, en la votación de los presupuestos catalanes de 2022 los de Oriol Junqueras lograron atraer los votos morados, pero este acercamiento saltó por los aires en pocas semanas, cuando los republicanos se negaron a avalar la reforma laboral de Yolanda Díaz en el Congreso. Esquerra también tiene a mano al PSC de Salvador Illa, que lleva meses abanderando una «oposición constructiva», aunque cualquier acercamiento a los socialistas es respondido por Junts con acusaciones de «traición» al independentismo.
Proyectos fallidos: adiós a la inversión en El Prat
En un contexto marcado por la pandemia y sin un horizonte claro en lo referente al ‘procés’, el independentismo se ha visto obligado a aplicarse de nuevo en asuntos relacionados con la economía y la gestión del día a día.
Sin embargo, en los últimos meses el gobierno catalán ha encajado varios fracasos que ponen en evidencia sus problemas para atraer inversiones y proyectos. ¿El más sonado? El portazo que el Gobierno dio a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat un mes después de anunciar un acuerdo con la Generalitat para invertir 1.700 millones en la infraestructura más importante de Cataluña. Las discrepancias internas del Govern (Junts estaba a favor mientras que ERC no ofreció una posición clara e incluso acudió a una manifestación contra del proyecto) animó al Ministerio de Transportes a dar por suspendido el proyecto. No es el único caso: la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno también pende de un hilo –por el conflicto con Aragón y la presión del territorio– y el plan para reindustrializar la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona topa con dificultades.
Desobediencia: la inmersión, otro frente
El gobierno catalán tiene hasta el 20 de marzo para aplicar el fallo del Tribunal Supremo ratificando una sentencia anterior que impuso como obligatorio dar un mínimo del 25% de clases en castellano en todos los colegios e institutos de la comunidad. Aun así, el ejecutivo de Pere Aragonès sigue haciendo equilibrios para aplazar el cumplimiento de dicho mandato judicial, agarrándose a este asunto como único aglutinador de un independentismo en fase depresiva. Por el momento, el Govern prepara un decreto y un nuevo «marco normativo» para intentar blindar su modelo de inmersión de la acción de la Justicia. Con todo, el tema de la lengua se ha convertido en un incómodo avispero para el Govern, que lleva semanas debatiéndose entre una vaga retórica de la «desobediencia» y la necesidad de poner en peligro a sus funcionarios y a los directores de los centros educativos.
Indultos: la salida de los presos rebaja la tensión
La concesión de los indultos a los líderes del ‘procés’ el pasado verano fue un éxito no reconocido para el independentismo, que sigue reclamando una imposible amnistía general para todos sus «encausados». Sin embargo, la salida de prisión de Oriol Junqueras y del resto de líderes del 1-O ha supuesto una importante relajación por parte del movimiento independentista, como se aprecia en la menguante capacidad de movilización callejera. En paralelo, Carles Puigdemont, desde su «exilio» en Waterloo (Bélgica) se reivindica como último exponente del soberanismo más combativo, aunque su voz suena cada día más lejana. Sin la bandera que suponían los presos, al secesionismo le cuesta encontrar un elemento que aglutine y movilice sus bases, que han caído en un notable estado de desánimo que se nota en una movilización muy a la baja y que, a medio plazo, podría poner en un aprieto la hegemonía que Junts, ERC y la CUP han logrado amasar en las urnas en los últimos tiempos.
Cumbres: tibio regreso a la vida autonómica
El Gobierno de Pedro Sánchez da por hecho que Pere Aragonès participará en la próxima conferencia de presidente autonómicos, que tendrá lugar el 25 de febrero en la isla de La Palma. Con todo, fuentes del Govern
consultadas por ABC no dan por hecho su asistencia. «No está decidido», avisan. Más allá de las reuniones ‘pandémicas’ convocadas durante el estado de alarma, ningún presidente catalán ha participado en una reunión ordinaria de este mecanismo en los últimos años.
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George is Digismak’s reported cum editor with 13 years of experience in Journalism