Una alerta del Sepblac destapó las comisiones de Luis Medina y su socio

MADRID
Actualizado:07/04/2022 20:03h
Guardar

El presunto cobro de comisiones millonarias por parte de los empresarios Luis Medina, marqués de Villalba, y Alberto Luceño por cuenta de contratos para material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia más que provocar un quebradero de cabeza para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en lo judicial, lo está haciendo de cara a la opinión pública y enfangando aún más la hasta hace un año supuesta buena relación con Begoña Villacís, su socia de Gobierno con Cs. Será Adolfo Carretero, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el que llevará el asunto , tras aceptar la querella de Anticorrupción y abrir causa. Resolvió que llamará como imputados a Medina y Luceño, que escuchará a los testigos que sean necesarios –previsiblemente la funcionaria de la empresa funeraria municipal que gobernó aquellas compras, E.

C.,– y ofrecerá al ayuntamiento que entre en el procedimiento como acusación y perjudicado.

La investigación, abierta en 2020, no arrancó por iniciativa del consistorio, que no tuvo conocimiento de su existencia hasta que Anticorrupción llamó como testigo a esa misma funcionaria hace unos meses. Fue una alerta del Servicio Estatal de Prevención del Blanqueo (Sepblac) la que puso sobre la pista a los fiscales, a raíz del aviso previo que dieron las dos entidades bancarias en las que los empresarios recibieron las comisiones por transferencia desde Malasia, según informaron a ABC fuentes fiscales. Los servicios antiblanqueo de los bancos tienen obligación de comunicar al Sepblac los movimientos sospechosos. En este caso, saltaron las alarmas por la procedencia y la cuantía del dinero, y eso que cuando los empleados del banco solicitaron justificación de los ingresos, ambos aportaron documentación de Luceño, ahora sospechosa de ser falsa.

En total, él percibió algo más de cinco millones de dólares y Medina, un millón, por una acción concertada, según la Fiscalía, por la que inflaron un 148% el precio de las mascarillas, guantes y test de diagnóstico que necesitaba comprar el ayuntamiento.

No obstante, en su declaración en Anticorrupción, en 2020, Medina restringió su papel en esta historia a una simple «intermediación» entre dos personas, la funcionaria que gestionaba la compra, a cuyo email llegó por indicación de un familiar del alcalde, y el empresario. Explicó que sólo participó en ese punto y sólo para el contrato de las mascarillas, que fue el primero de los tres que el consistorio firmaría con Luceño, proveedor del material. En este sentido, Anticorrupción no individualiza los posibles delitos a imputar a cada uno de ellos, pero la causa se ha abierto por estafa agravada, blanqueo y falsedad documental.

«Era una selva»

El alcalde compareció ayer tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno, a sabiendas de que el tema central sería ese «familiar» al que habría contactado Medina. Y no se equivocaba. Visiblemente enfadado, también porque su primo Carlos Martínez-Almeida ha acabado señalado como la persona que facilitó a Medina el nombre de la coordinadora de Alcaldía, a quien se dirigió el marqués para ofrecer los servicios de intermediación para conseguir material proveniente de China a través de una empresa malaya. El regidor suscribe que no fue directamente Medina quien contactó con su primo, sino que fue a través de una tercera persona, hasta ahora desconocida. El mandatario del PP defendió el proceso de contratación por vía de urgencia; de hecho, se hicieron en esa época 59 en total, en plena situación«dramática», que el alcalde definió en tres ocasiones como «una selva», en referencia a la compra de mascarillas y guantes, sobre todo.

Almeida, que especificó que él no tuvo nada que ver en esa contratación, sí defendió la labor de los técnicos municipales encargados.
«El ayuntamiento contrató con la empresa Leno, en ningún caso con Medina y Luceño», dijo. Y que lo hizo con el voto a favor de todos los representantes de la oposición en el consejo de administración de la empresa municipal Funeraria, que es a través del organismo público que se encargaron esas compras. Se trata, entre otros altos cargos, de los concejales Inmaculada Sanz y Borja Fanjul, por parte del PP; Ramón Silva (PSOE); Miguel Ángel Redondo (Cs); Miguel Montejo (Más Madrid), y Fernando Martínez-Vidal (Vox).

Reconoció Almeida, eso sí: «Si ‘a posteriori’, sabiendo lo que ha pasado, haríamos un contrato para que se compraran coches de lujo y yates, no lo haríamos», dijo, en referencia a los bienes de lujo en los que habrían gastado los comisionistas sus ingresos, desde un yate hasta un Ferrari. Por eso, Almeida insistió en que «es muy fácil hablar a toro pasado; aquello era una jungla en esos momentos». E insistió en que desde Cibeles no se ha pagado a ninguno de los dos, sino a la empresa Leno.

El procedimiento

Las personas y empresas que en aquella época ofrecieron sus servicios para ayudar en la pandemia tenían que remitir un email a un buzón general del consistorio. Medina remitió dos a a la coordinadora de Alcaldía, los días 18 y 19 de marzo de 2020, precisó Almeida, que recordó que a través de ese conducto y por teléfono recibieron más de mil ofertas. Fueron redireccionados al Área de Seguridad y Emergencias, que los reenvió a la persona encargada de las compras. En ellos, el aristócrata ofrecía su número de móvil y lo llamaron.

Trasladó su propuesta y ésta fue aprobada por todos los miembros del consejo de administración de la Funeraria. De ahí, la bronquísima intervención pública ayer del regidor, en referencia a las críticas que ya le han llovido desde la oposición: «Lo que no se puede decir dos años después es: ‘Yo no sabía lo que aprobada’. Además, sabían todos los vocales de la oposición que existían estas diligencias de la Fiscalía. Se les informó incluso cuando acudió la coordinadora a declarar». Y eso ocurrió en marzo de 2021, cuatro meses después del inicio de la investigación de Anticorrupción. «La izquierda es una máquina de picar carne, una trituradora de personas. Para la izquierda es mejor que te imputen por encubrir un abuso sexual a un menor [en referencia a Mónica Oltra] o una trama de contratos en Barcelona [sobre Ada Colau] que una exoneración de la Fiscalía. Es hacer picadillo».

Villacís compareció dos minutos después, sola, y lo hizo para afirmar que «la Fiscalía no investiga al Ayuntamiento… aún». Exigió mayores controles en el consistorio de la que es número dos, llamó «jetas» a Medina y Luceño y cargó contra Feijóo.

Ver los
comentarios