Wednesday, February 21

Una nueva moción de censura se cierne sobre el presidente Castillo


Corresponsal en Lima
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Cuando han transcurrido tan solo ocho meses desde su llegada al poder, el presidente Pedro Castillo se ha visto envuelto en una nueva crisis política tras la difusión de las declaraciones de la empresaria Karelim López -acusada de corrupción por la Fiscalía, con la que se ha ofrecido a colaborar-, quien acusa al entorno familiar y de amigos del mandatario peruano de otorgar obras a cambio de sobornos y prebendas. Algo que ha rechazado contundentemente el presidente.

Karelim López es una empresaria que ha hecho su carrera gracias a millonarios contratos con el Estado desde hace más de diez años. Su modus operandi se basa en cercar al entorno del presidente con regalos como dinero en efectivo, uso de brujas y chamanes, operaciones de liposucción, seguridad propia, viajes, coches…, Algo que ya hizo durante el Gobierno de Martin Vizcarra (2018-2020) y ahora ha vuelto a repetir con el Gobierno actual de Pedro Castillo.

El vínculo de Castillo con la empresaria surgió a través del exsecretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien fue retirado del cargo tras un allanamiento fiscal en el que fueron encontrados 17.000 euros en efectivo en el baño que formaba parte de su oficina.

«Nunca Karelim López se ha reunido con el presidente Castillo. La declaración de mi defendida basa su colaboración eficaz (delación premiada) en varias líneas de negocios que rodean al presidente y que impulsan sus amigos Alejandro Sánchez y Samir Villaverde en dos organismos del Estado: Petroperú, Petroquímicos y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones», indicó el abogado de López, César Nakasaki, que agregó que «estos negocios contaban con el beneplácito del presidente».

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Karelim López indicó que como parte de esos favores al presidente le organizó su fiesta de cumpleaños el pasado 19 de octubre, y para ello contrató a un grupo de mariachis y el servicio de almuerzo. También López le organizó la fiesta a una hija de Castillo, que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno. El objetivo de Karelim López era ganar la licitación para organizar una fiesta de Navidad llamada ‘Navitón’, patrocinada por la estatal Petroperú que ascendía a tres millones de euros, donde iba a obtener unas ganancias de un 10%.

Amenazada de muerte

Según declaró también la empresaria, estas licitaciones han supuesto beneficios para los sobrinos del presidente y su esposa y para cinco congresistas de Acción Popular que, según López, recibían en el Palacio de Pizarro el apodo de ‘Los niños’.

El abogado de Karelim López denunció que su defendida había recibido una amenaza de muerte mientras realizaba su declaración en la Fiscalía de lavado de activos, razón por la cual se encuentran fuera del país sus dos hijos.

Entre los hechos que denuncia López se encuentran contratos asignados que entregó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, amigo íntimo de Castillo, a un joven de 27 de años llamado Roberto Aguilar Quispe, quien a través de su empresa recibió seis contratos -en asociación con empresarios chinos- que ascienden a 136 millones de euros.

Este contubernio se realiza, según López, con los sobrinos del presidente, dos empresas chinas, el ministro de Transportes y Comunicaciones y el empresario Samir Villaverde.

El Congreso peruano realizará hoy un pleno donde no está prevista una moción de destitución contra el presidente, pero sí de votar una moción de censura al ministro Silva, acusado de ser uno de los epicentros de la presunta corrupción gubernamental.

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