Thursday, March 28

Unidas Podemos y los independentistas presionan al PSOE y piden que el Congreso investigue el espionaje


Madrid
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Unidas Podemos, los nacionalistas y los independentistas vuelven a hacer pinza. Esta vez, a todos ellos les une su indignación por el
presunto espionaje a decenas de líderes separatistas entre el 2017 y el 2020. Desde que trascendió la noticia el lunes, adelantada por ‘El País’ y el semanario ‘New Yorker’, las protestas se han sucedido y este miércoles toman forma. Varios grupos parlamentarios han registrado en el Congreso una comisión de investigación para esclarecer un asunto al que desde la rama socialista del Gobierno se le quiere dar carpetazo.

Las ministras Isabel Rodríguez y Margarita Robles han dicho en las últimas horas que el Ejecutivo siempre actúa conforme a la ley y que no pueden ofrecer información relacionada con el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque es secreta. La titular de Defensa, que comparecerá en la Cámara Baja, incluso ha retado a los grupos parlamentarios a convocar la
comisión de secretos oficiales, que como publicó ABC lleva más de tres años sin reunirse por disputas partidistas.

Pero esto es del todo insuficiente para el conjunto de socios parlamentarios del PSOE, que califican el asunto de máxima gravedad. Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts per Catalunya, PDECat, Más País-Equo, CUP, Compromís y BNG exigen una comisión de investigación para llegar hasta el fondo del supuesto espionaje. Unidas Podemos, que gobierna en coalición con los socialistas, ya avisó
este martes, a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que los Ministerios del Interior y Defensa deberán promover una investigación interna y hacer «rodar cabezas» de los responsables.

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Ahora, con la petición de que sea el Congreso, con una comisión de investigación, quien aborde las pesquisas, Unidas Podemos da un paso más en la presión a su socio de gobierno. La iniciativa la firman, además, tanto el presidente del Grupo Confederal en la Cámara Baja, Jaume Asens, como la portavoz adjunta Aina Vidal, rostro visible de En Comú Podem en Madrid.

El ‘malware’, clave

Que sean ellos, y no Echenique, quienes suscriban el texto registrado tiene que ver con el hecho de que la mayoría de dirigentes supuestamente espiados son catalanes, como ellos. «La responsabilidad sobre el espionaje apunta directamente al Gobierno español», señalan los grupos firmantes, por el uso del programa maligno Pegasus según las investigaciones del laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto (Canadá).

Este ‘malware’, suministrado por la empresa israelí NSO, solo se vende a fuerzas del orden y agencias de inteligencia. Por ello, Unidas Podemos -pese a ser parte del Ejecutivo-, los nacionalistas e independentistas ven la mano del Gobierno detrás de las intervenciones de los teléfonos móviles de políticos, activistas, abogados y periodistas separatistas. Entre otros, figuran Pere Aragonès, Quim Torra, Artur Mas, Arnaldo Otegi, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Anna Gabriel, Marcel Mauri, Elisenda Paluzie… Algunos de los firmantes de la comisión de investigación, como Míriam Nogueras (Junts) o Ferran Bel (PDECat), también fueron objeto de espionaje presuntamente.

En su momento, cuando ‘The Guardian’ publicó que Roger Torrent, expresidente del Parlamento catalán, también había sido espiado con el sistema Pegasus, estos partidos ya intentaron sin éxito que el Congreso lo investigase. Ahora, con al menos 65 dirigentes secesionistas afectados, vuelven a la carga. En su exposición, critican que no se haya dado cuenta de los sistemas de control para evitar estas prácticas tras la comisión de investigación que analizó en la Cámara Baja la operación Kitchen, sobre el uso ilícito que supuestamente hizo el PP del Ministerio del Interior para espiar a su extesorero Luis Bárcenas y destruir pruebas de sus casos de corrupción.

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«Abusos de la fuerza del Estado»

Entre los objetos de la comisión, destacan el esclarecimiento de la posible vinculación de Interior, Defensa y Justicia con el espionaje; las actuaciones de Exteriores «llevadas a cabo de manera presuntamente ilegal, sin estar ‘sub iudice’», contra las delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el extranjero; los contratos, costes y procesos de contratación del ‘software’ Pegasus; las medidas de resarcimiento a los perjudicados; y las actuaciones a realizar para «blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado».

La intención de los grupos firmantes, en el caso de que la comisión de investigación logre respaldos para su constitución, es que sus trabajos se efectúen en un plazo de seis meses ampliables. Los grupos con más de cien diputados tendrían tres representantes en ella; entre ocho y cien escaños, dos; y uno solo el resto.

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