Monday, February 6

Varapalo del Parlamento Europeo al Gobierno por su política sobre ETA


La violencia extrema con la que actuó durante cerca de 50 años la banda terrorista ETA en España dejó un reguero de sangre de 853 asesinatos.
De estos, 377 están aún sin resolver. Es decir, en cerca del 44% de los crímenes de la organización terrorista no se conoce autor material. Una cifra demasiado elevada que el Parlamento Europeo no ha pasado por alto. A través de una misión de europarlamentarios presidida por la francesa Agnès Evren, la Eurocámara ha elaborado un informe que concluye que los crímenes de ETA deberían considerarse «de lesa humanidad, incluso los anteriores a 2004, y, por tanto, imprescriptibles o no amnistiables».

 generalizado o sistemático contra la población civil por pertenecer a un grupo perseguido por razones políticas, raciales, étnicas, religiosas u otras reconocidas como inadmisibles. Cabe recordar que estos crímenes no se incorporaron al Código Penal español hasta 2004, por lo que este principio de legalidad impide aplicar dicho delito a cualquier acto cometido antes de esa fecha.

El informe, que se presenta el próximo lunes en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
, fruto de una visita en noviembre del año pasado de cinco eurodiputados al País Vasco y a la Comunidad de Madrid, da un total de 31 recomendaciones al Gobierno de España.

Además de abrir la puerta a que sean tipificados como crímenes de lesa humanidad, la Eurocámara indica que los beneficios penitenciarios a los presos de la banda terrorista deben estar ligados «a su colaboración en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento». Una demanda que ya vienen reclamando las víctimas al Ministerio del Interior desde hace tiempo y a la que
el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace caso omiso, como se ha demostrado recientemente con la concesión de los primeros terceros grados por parte del Gobierno vasco.

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Hace apenas unas semanas,
el Ejecutivo y todos los grupos de izquierdas, nacionalistas y secesionistas, además de Bildu –la coalición heredera del tradicional brazo político de ETA–, echaban por tierra otra iniciativa de la oposición para endurecer las condiciones que deben cumplir los presos etarras para acceder a acercamientos y otros beneficios penitenciarios, como los terceros grados que les abren las puertas a la libertad para salir a la calle antes de cumplir toda su condena. Esta proposición de ley, a iniciativa del PP, exigía que los presos etarras se arrepientan de verdad y no «con una mera carta tipo» para acceder a esos beneficios.

Castigar los ‘ongi etorri’

El informe también hace suyas otras de las peticiones de las asociaciones de víctimas, como castigar penalmente los ‘ongi etorri’, los homenajes a presos de la banda. Desde Bruselas se pide «establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un acto terrorista concreto, ya que humilla a las víctimas y provoca una victimización secundaria dañando la dignidad y la recuperación de las víctimas». El criterio actual de la Fiscalía y la Audiencia Nacional es no prohibir estos actos de antemano, aunque sí instan a las fuerzas del orden a que los vigilen por si, durante su celebración, se producen situaciones susceptibles de incurrir en los delitos de humillación a las víctimas o enaltecimiento del terrorismo.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) reclamó en noviembre a todos los grupos parlamentarios, excepto Bildu, el apoyo a su propuesta de modificar el artículo 578 del Código Penal para tipificar la humillación a las víctimas del terrorismo como un delito autónomo de enaltecimiento. Esta iniciativa busca poner fin a los homenajes a los terroristas de ETA que se celebran en País Vasco y Navarra. «El objetivo de la propuesta es abrir una nueva vía para acabar con esos actos que tanta indignación provocan en la sociedad y generan tanto dolor en las víctimas del terrorismo», explicaba la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara.

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El documento de la Eurocámara también incluye la petición de que los «miembros de la dirección de ETA sean procesados como los instigadores y prescriptores de la orden» de los crímenes sin resolver. Además, pide la creación de una comisión de juristas que realice un listado actualizado con los nombres de todas las víctimas asesinadas por ETA que no han recibido justicia y una mayor implicación de Europol y el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo en casos sin resolver.

Fueron las propias víctimas, a través de Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de la Asociación Dignidad y Justicia, quienes dieron la voz de alarma sobre la gran cantidad de casos impunes. Rodríguez llevó en 2016 hasta Bruselas la cifra a la que su asociación había llegado: 377.

La Fiscalía y la AVT reducen ese número hasta los 314, ya que descuentan los crímenes perpetrados antes de la Ley de Amnistía, entre los años 1969 y 1976.
Estos en su mayoría se cometieron en los ‘años de plomo’, en las décadas de 1970 y 1980, cuando se sucedían los asesinatos cada tres días. Y cuando «la violenta actividad de la banda contra las fuerzas de seguridad» y «la falta de cooperación internacional dificultaron la investigación de los asesinatos», concluye la comisión.

Además, País Vasco y Navarra concentran casi el 86% de esos asesinatos sin resolver. Con este informe, la comisión busca «verdad y justicia», como un primer paso para la reparación de las víctimas de la sinrazón etarra.


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